Los terrenos de Torrecuéllar sin urbanizar entre la vieja y la nueva esclusa del Puerto de Sevilla acogerán el proyecto de zona franca de Sevilla que el Ayuntamiento está promoviendo y presentó el mes pasado al Ministerio de Hacienda para su visto bueno. Así lo ha confirmado a este periódico el Consistorio sevillano. El recinto ocupará 71,9 hectáreas de las 96 que en total tiene esta extensión de tierra.

Frente a la intención del gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido (PP) de ponerla en marcha de forma inmediata este verano, la realidad es que Torrecuéllar (ver infografía) es hoy por hoy un campo lleno de vegetación y jaramagos que hay que transformar con una costosa obra de urbanización. Carece, por tanto, de canalizaciones de agua, saneamiento y demás servicios (telefonía, electricidad, fibra óptica, etcétera) necesarios para acoger los usos industriales previstos. Se trata de un suelo de dominio público portuario de titularidad pública (del Estado), según precisa la delegación Relaciones Institucionales que dirige Javier Landa. Así pues, no hay que perder tiempo ni dinero en expropiar.

La carretera de la esclusa y el ferrocarril interior del Puerto que rodean a estos suelos de 719.876 metros cuadrados son las únicas infraestructuras ya construidas con que cuentan estos terrenos, además de la cercana SE-30 y la proyectada SE-40. Los túneles de la SE-40 bajo el río a la altura de Coria, una obra hoy paralizada, será un tramo clave para conectar esta zona con el resto de la ciudad y el Aljarafe; el llamado Paso Territorial Sur.

Una zona franca es un recinto público, cerrado y con resguardo promovido por una administración con ventajas aduaneras y fiscales para las empresas que se instalen en ella. Se admiten mercancías de cualquier tipo, cantidad, país de origen o de destino. No hay que hacer declaración aduanera de las mercancías que se almacenan en zona franca por tiempo ilimitado, a diferencia del depósito aduanero. Como parte del territorio del Estado, se considera que las mercancías en zona franca están fuera del territorio aduanero de la UE: no están sujetas a los derechos de importación ni a la aplicación de las medidas de política comercial.

Respecto al coste de la urbanización y construcción de las instalaciones para la zona franca, es una administración pública (en este caso el Ayuntamiento de Sevilla) la que debe promoverla y asumir el coste de la urbanización y promoción del suelo. La urbanización de un suelo de esta extensión cuesta varios millones de euros y requiere un plazo de seis meses a un año como máximo. Las empresas del Puerto están dispuestas a pagar parte de los costes de su construcción.

Por poner un ejemplo, las 30 hectáreas del Higuerón Sur costaba urbanizarlas 23 millones de euros, según datos aportados en su día por la Gerencia de Urbanismo. La zona franca de Sevilla ocupará más del doble.

El Ministerio de Hacienda debe autorizar su implantación en un tiempo máximo de respuesta de seis meses (se presentó a finales de febrero y debe responder antes de septiembre), según el área que dirige el concejal Javier Landa. Las autoridades comunitarias europeas también deben autorizar el expediente.

El plan urbanístico (PGOU) de Sevilla aclara que los suelos de Torrecuéllar integran la primera fase ampliación del Puerto de Sevilla, junto con la dársena del Cuarto. En ambas zonas van usos portuarios asignados a actividades industriales, concesiones privadas y zonas de instalaciones portuarias especiales.

Según el Ayuntamiento, hasta el momento 20 empresas se han mostrado su apoyo a la zona franca e incluso el gobierno municipal asegura que están interesadas en participar. En la lista figugan Transformados Huévar S.A., Grupo Lamaignere, Agencia Marítima Echevarría S.L., Bergé Marítima S.L., Grupo Jannone, Asociación de Exportadores Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa), Muñoz Chápuli S.A., Eads Construcciones Aeronáuticas S.A. (Airbus Military), Gp Manufacturas del Acero S.A., Sevitrade S.L., Siderúrgica Sevillana S.A., Unión Logística Integral S.L.U., Carbones Comercio y Consignaciones S.A., Renault España S.A.,Instalaciones Inabensa S.A., Hispalense de Líquidos S.L., Pérez y Cía. S.L., Entabán Biocombustibles del Guadalquivir S.A., Carbón Puerto,Operaciones Portuarias S.A., y Grupo Migasa.

Los cálculos del gobierno de Zoido apuntan a que la zona franca generará un crecimiento económico y un negocio para la ciudad y el Puerto. Se estima que las empresas instaladas en este recinto moverán un volumen aproximado de mercancías de 1,73 millones de toneladas, lo que en euros supondría más de 1.000 millones de euros anuales.