El departamento de Medio Ambiente de la Comisión Europea no sólo advirtió el pasado 20 de noviembre al Ayuntamiento de Sevilla, a la Junta y al Gobierno central de que el proyecto de la SE-35 infringe la directiva de impacto ambiental. Pocos días después, exactamente el 3 de diciembre de 2013, abrió "un procedimiento de infracción" contra las autoridades españolas sobre la SE-35, que sigue abierto. Así lo ha corroborado a este periódico el departamento del comisario europeo Janez Potocnik en una comunicación por escrito recibida la semana pasada.

Según el mismo departamento, "estamos ahora en la fase de evaluar la respuesta de las autoridades españolas a la opinión razonada". Esta fase supone que desde diciembre pasado hasta ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha enviado ya una respuesta a la Comisión Europea sobre las medidas que piensa aplicar, y en qué plazo, para cumplir la normativa ambiental europea que infringe en el proyecto de esta carretera.

La apertura de un procedimiento de infracción (infringement) significa que las autoridades europeas han dado un paso más allá de la simple petición de información y documentación (EUpilot) que se inició con la queja de la asociación Movida Pro Parque en 2009. Las Comisión Europea confirma también este hecho. La diferencia entre la EUpilot inicial y el procedimiento de infracción actualmente abierto es que este último puede derivar en una denuncia ante la Corte de Justicia si el estado miembro insiste en incumplir la legislación.

La Comisión explica que en el 95% de los casos de infracción "el Estado miembro acata sus obligaciones legales antes de ser remitidos a la Corte". El Ayuntamiento mantiene que la SE-35 tiene la autorización de impacto ambiental que se tramitó para el PGOU vigente. Europa ve necesaria una nueva evaluación de impacto ambiental para la carretera.