La Policía Nacional ha desmantelado una red dedicada a la obtención fraudulenta de préstamos hipotecarios que podría haber estafado más de dos millones de euros por este concepto. La operación, denominada Capital, continúa abierta y de momento han sido detenidas 42 personas, entre las que hay empresarios, directores de banco y abogados. La Policía también está investigando a un notario que firmó el 95% de las operaciones.

Según informó ayer en rueda de prensa el inspector jefe de la brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano, hay más de 60 personas afectadas por esta estafa, la mayoría de ellas de Sevilla aunque también se han dado casos en las provincias de Cádiz y Huelva. De los detenidos, 27 son miembros de la red y 15 víctimas que fueron arrestadas por autorizar falsificaciones.

La sociedad mercantil desde la que presuntamente se cometían las estafas tenía su domicilio social en el edificio Forum de Sevilla, en la avenida Luis de Morales. Esta empresa, cuyo administrador único responde a las iniciales C. L. R., tenía como objeto social la intermediación financiera y la compraventa de inmuebles.

El modus operandi de los presuntos estafadores era realmente complejo y constituía un entramado del que las víctimas no eran conscientes y que la Policía ha tardado cuatro meses en resolver. En principio, la sociedad contactaba con los clientes a los que iban a estafar a través del registro de viviendas a subastar, que se publica periódicamente en el Boletín Oficial de la Provincia, y también mediante directores de entidades bancarias. Las víctimas eran siempre personas con escasa solvencia económica, con deudas con varias entidades y con un bajo nivel de formación y cultural.

La empresa ofrecía a estos clientes cancelar todas las deudas y gestionar nuevos préstamos hipotecarios con los bancos en unas condiciones supuestamente más favorables para la víctima. Ésta tenía que hacer frente a un interés del 8% y además realizar una provisión de fondos para una serie de gastos de notaría, registro de propiedad y tasación. Como requisito indispensable para que la empresa pagara todas las deudas a sus clientes, éstos tenían que cambiar la titularidad de su vivienda, que pasaba a manos de la empresa mediante una venta ficticia.

Una vez que la sociedad tenía la casa de la víctima a su nombre, se ponían en contacto con el banco para pedir un nuevo préstamo hipotecario. Aquí es donde entra la figura de los dos directores de sucursales que estaban en connivencia con la empresa. Previo pago de 5.000 euros de comisión por cada operación, los directores concedían los préstamos a personas que no eran capaces de asumir el pago de los mismos, porque generalmente las víctimas no tenían empleo conocido o lo que ingresaban lo hacían en dinero negro.

Para poder otorgar los créditos, las víctimas tenían que presentar una serie de documentos falsos, como nóminas, declaraciones de la renta, vidas laborales y contratos indefinidos para dar una apariencia de solvencia económica. Para ello la red disponía de un falsificador de documentos y otra persona que se encargaba de falsificar sellos. El último paso antes de obtener el crédito era una tasación de la vivienda, que se realizaba siempre de manera fraudulenta, es decir, muy por encima del verdadero valor de mercado de la casa que la víctima había cedido anteriormente a la sociedad.

Si el banco no concedía el préstamo, la empresa se quedaba con la vivienda. Pero donde estaba realmente el lucro era en el momento que se les concedía el préstamo, puesto que el dinero pasaba íntegramente a la sociedad mercantil. De esta manera, las víctimas se veían obligadas a recuperar sus propias viviendas pagando por ellas un valor muy superior al real. Pese a ello, muchas de las víctimas ni siquiera eran conscientes de que eran estafadas, puesto que se trataba de personas con escasa formación que eran engañadas al comprobar que con la nueva situación pagaban menos cantidad que antes.

Sin embargo, las nuevas deudas eran generalmente a 40 años, con lo que difícilmente podrían hacer frente a ellas a medio o largo plazo. La víctima quedaba en una situación comprometida, puesto que no podía endeudarse más y, en el caso de no poder afrontar la deuda, perdería su vivienda.

La investigación comenzó en septiembre de 2010 a raíz de la denuncia de una de las víctimas, al que le habían falsificado una nómina para que aparentara que trabajaba en Lipasam. La Policía tuvo que realizar una serie de seguimientos a los implicados ante la imposibilidad de que los estafados esclarecieran el procedimiento del que habían sido víctimas. A raíz de esta vigilancia sorprendió a uno de los integrantes de la red entregando documentos a un cliente. Este miembro de la banda fue detenido a finales de noviembre y a partir de ahí cayó el resto de la organización.