Las personas estafadas en la operación Capital llegaron a multiplicar su deuda original por cinco después de que la empresa implicada en la estafa les obligara a recomprar su vivienda a un precio muy superior al valor de mercado de ésta. Si el cliente recelaba de la operación, dos intermediarios de la red lo amenazaban con iniciar un procedimiento de embargo para quitarle el piso y dejarlo en la calle con una deuda imposible de asumir. Así consta en el atestado elaborado por el Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso este periódico.

Uno de los casos que originó esta operación policial es el de una mujer que tenía una deuda con distintas entidades bancarias por valor de 54.000 euros. La sociedad mercantil con la que trabajaban los detenidos le entregó 46.000 euros a cambio de que sus padres, ya ancianos, realizaran una venta ficticia de su vivienda a favor de la empresa por valor de 80.000 euros que luego no fueron entregados.

Siete meses después, la casa se volvió a vender por 167.000 euros a los nietos de los primeros propietarios, hijos de la mujer a la que la sociedad prometió refinanciar las deudas. Así, de tener que pagar 54.000 euros, la víctima pasó a contraer una deuda total de 247.000 euros, producto de la suma de la venta ficticia por 80.000 euros más los 167.000 que sus hijos tuvieron que pedir de crédito para recomprar la casa.

Paralelamente a este caso, a otro hombre que tenía una deuda de 62.000 euros se le multiplicó hasta los 217.000. Esta persona acudió a la Policía después de que la sociedad le falsificara una nómina de Lipasam para aportarla a la entidad bancaria que tenía que concederle el préstamo, pese a que nunca había trabajado en la empresa municipal de limpieza.

Los presuntos estafadores llegaron a obtener más de dos millones de euros mediante la obtención fraudulenta de créditos, puesto que más de 60 personas fueron estafadas de manera similar a la de esta mujer. La operación policial se ha saldado por el momento con 42 detenidos, entre los que hay empresarios, abogados, directores de bancos y también algunas de las víctimas de la red que autorizaron la falsificación de sus documentos.

A raíz de estos dos casos, la Policía Nacional realizó un seguimiento de los integrantes de la sociedad mercantil dedicada a la refinanciación de las deudas y a sus colaboradores. En una de estas vigilancias, los agentes sorprendieron a un integrante de la trama entregando una documentación falsa a un cliente. La Policía detuvo a este hombre, que presuntamente era el encargado de falsificar los documentos a las víctimas para que aparentaran una solvencia económica a la hora de pedir préstamos. Luego la sociedad solicitaba los créditos a dos directores de banco que cobraban una comisión de 5.000 euros por cada operación que aceptaban, a sabiendas de que la persona que pedía el préstamo no podría pagar la hipoteca a medio y largo plazo.

El dinero del préstamo se ingresaba directamente a la sociedad mientras que la víctima quedaba con una deuda muy superior a la que tenía en un primer momento. Algunos de los afectados incluso perdieron su casa.