El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos -salvo en aquellos casos que se comprometa la seguridad del Estado o la intimidad de las personas- está recogido en el artículo 105.b de la Constitución Española. Es sobre este derecho sobre el que pivota la actuación de oficio que ha iniciado el Defensor del Pueblo Andaluz a partir de las numerosas quejas que en los últimos años ha venido recibiendo de distintas asociaciones culturales y particulares que denuncian la crónica falta de transparencia con que la Consejería de Cultura gestiona un material administrativo, con frecuencia necesario para el desarrollo de investigaciones patrimoniales y la divulgación científica. Una opacidad que, además, choca de frente con la anunciada Ley de transparencia que promueve el Gobierno del bipartito.

Así se recoge en el expediente 12/7177 del Defensor dirigido al departamento de Luciano Alonso, al que ha tenido acceso este periódico, y con el que el equipo de José Chamizo inicia una investigación ante la "renuencia de la Administración cultural" a facilitar el acceso a determinados archivos y documentos que obran en su poder.

Una actuación de oficio es una figura que parte a iniciativa propia de la institución y que investiga a un departamento público. Algunos de los últimos casos atendidos por el Defensor en actuaciones de oficio han sido, por ejemplo, el conflicto de los MIR con el SAS, los asesores de las oficinas de Empleo de la Junta, los impagos al turno de oficio o las actuaciones fraudulentas en las residencias de mayores de Cádiz.

Entre las últimas quejas registradas en la Oficina del Defensor figura la de un representante de una asociación cultural que denunció cómo la Delegación Provincial de Cultura de Sevilla le negó la copia de las actas de diversas sesiones de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, un órgano consultivo que entre otras funciones autoriza la realización de intervenciones en bienes declarados de interés cultural o propone la inscripción en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.

Asimismo, el Defensor se hace eco de la queja de un investigador que solicitó en su día ante la Delegación de Córdoba la consulta de dos informes arqueológicos para culminar un estudio sobre las puertas, torres y murallas del Campo de la Merced, una petición que no fue debidamente atendida.

Las razones alegadas por la Junta al Defensor para vetar el acceso ciudadano a estos informes responden a "una interpretación" del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que no convenció en absoluto al equipo de Chamizo. "No podemos por menos que calificar de sumamente rigurosa y claramente restrictiva la interpretación legal realizada", opina en el expediente remitido a Alonso. Estas respuestas "siguen la línea de oscurantismo y opacidad de otras recibidas en años precedentes y resulta muy alejada de los nuevos aires de transparencia y fomento de la participación ciudadana que, al socaire de las nuevas directivas europeas, parecen ir asentándose entre las Administraciones públicas españolas".

En su escrito, Chamizo -defensor en funciones- señala la "evidente contradicción" existente entre la postura mostrada por la Administración de cultura y la próxima Ley de Transparencia de Andalucía, una normativa cuya aprobación está prevista en esta primera mitad del año y que la consejera de Presidencia auguró que sería "de máximos". Será, dijo, la ley más avanzada y vanguardista del territorio español, "que va a tener solo un limite, lo que no permite publicar la Ley de protección de datos".