María Charpín, que entre 2010 y 2013 dirigió la Secretaría de Gestión Económica de UGT-Andalucía, ha comparecido este martes como acusada en el juicio que contra parte de la antigua cúpula del sindicato se está celebrando en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla. La sindicalista, que en realidad era una liberada que cobraba su nómina como personal laboral de la Diputación Provincial, ha protagonizado una declaración casi centrada exclusivamente en criticar a la Junta de Andalucía, que según ella metió a su organización "en un problema gordo" porque dejó de pagar muchas de las subvenciones que les concedió para los cursos de formación a trabajadores. Es más, ella misma se ha definido como "la cobradora del frac" porque iba "detrás de la Administración" para que saldase sus deudas.

"La Junta no tenía liquidez para afrontar los pagos e intentamos elaborar un calendario, pero no se llevó a cabo. A finales de 2012, la Junta debía 8 millones de euros a UGT-A sólo y exclusivamente por las acciones ejecutadas", ha explicado Charpín en referencia a los cursos de formación.

La encausada, que sólo ha contestado a su abogado, ha relatado que ella era responsable del apartado de justificación de los gastos del sindicato ante la Administración y que sólo estuvo "tres meses" en el Departamento de Compras, donde no hizo "nada relevante".

Aun así, como miembro de la Comisión Ejecutiva de UGT-A, ha afirmado que "no había un presupuesto específico" para la Secretaría de Gestión Económica y que el sindicato en general no se nutría ni mucho menos de las ayudas públicas, sino "de las cuotas de los afiliados, de arrendamientos...". Y como ejemplo ha citado que, dentro de las cuentas del sindicato, lo presupuestado como ayudas de la Junta en 2010 fueron 44 millones y dos años después, sin embargo, "era cero euros".

"Me convertí en la persona que intentaba conseguir financiación y ser la cobradora del frac, iba detrás de la Junta para que pagara", ha proseguido la procesada. "Los impagos nos llevaron a un problema gordo, porque debíamos recurrir a financiación externa, a créditos bancarios, para ejecutar los cursos. Eso también engordaba la deuda de la Junta", ha explicado.

En cuanto a las facturas de esos cursos, que son objeto central de este juicio y que según la Fiscalía Anticorrupción eran tan genéricas que no concretaban en qué se gastaba el dinero que le concedía la Junta, Charpín ha vuelto a apuntar al revés y ha dirigido sus tiros verbales contra el Gobierno andaluz. "De la misma forma que la Junta nos exigía concreción en los expedientes, que es lógico, también nos decía que [las facturas] se emitieran con cierta laxitud en el concepto, que no fueran tan concretos ni específicos", ha señalado.