El turno de tarde será una realidad a partir de octubre para 121 juzgados y 38 servicios de la Administración de Justicia. La sobrecarga que la crisis ha supuesto para los juzgados de lo Social y lo Mercantil, aparte del que ya arrastran los de lo Penal, ha hecho reaccionar a la Consejería de Justicia y activar un plan de choque para desatascarlos de asuntos pendientes. Una medida que movilizará a casi un millar de funcionarios, pero que en ningún momento supondrá la celebración de juicios vespertinos ni la apertura de las sedes judiciales al público. El nuevo horario laboral será para agilizar el trabajo "interno", según explicó ayer la consejera de Justicia, Begoña Álvarez.

La puesta en marcha de esta medida "coyuntural" -sólo será efectiva desde el 13 de octubre al 12 de enero- significa un giro en el discurso que hasta el pasado mes de agosto mantenía esta Consejería. Si entonces Álvarez aseguraba que la apertura por la tarde de los juzgados "no estaba sobre la mesa", en parte, porque conllevaría un importante esfuerzo de plantilla y, sobre todo, presupuestario, ahora se dispondrá de 3 millones para sufragar los gastos que supone tenerlos operativos de martes a jueves, de las 16:00 a las 19:00 -una idea sobre la que ya había estado trabajando una de sus antecesoras en el cargo, María José López, a finales de 2008-.

La razón de este cambio de opinión no es otra que la necesidad de "agilizar y acortar" los plazos de respuesta de la Justicia, ya que "no es lógico que los ciudadanos tengan que sufrir las consecuencias de la crisis y que, encima, tengan que esperar más tiempo de lo normal a las respuestas a sus conflictos laborales", argumentó Álvarez.

La pieza "clave" en la puesta en marcha de esta medida, que de funcionar bien podría ampliarse a otros órganos, son los secretarios judiciales. Cada lunes estos elaborarán un plan de trabajo que de martes a jueves realizarán los funcionarios e interinos, destinándose el viernes a las tareas de evaluación. Otra de las funciones que asumirán será la de seleccionar a aquellos trabajadores que voluntariamente quieran participar en este plan, ya que este no afectará por igual a las plantillas de estos 121 juzgados. Mientras en los de lo Mercantil y lo Social (61 juzgados) estarán al 100%, se rebajarán a la mitad en los de lo Penal y los 38 servicios comunes (31 servicios comunes de partidos judiciales y 7 servicios de Notificaciones y Embargos).

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable que la Consejería puso en marcha la pasada semana, con las miras puestas en la descongestión de los veinte órganos judiciales más saturados de la comunidad. Los dos programas, de carácter temporal, son complementarios a otras medidas de carácter estructural como la nueva Oficina Judicial.

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