La Guardia Civil ha detenido al exdirector general de la Cooperativa Ganadera del Valle de Los Pedroches, Miguel Ángel Díaz Yubero, y ha tomado declaración a otras 18 personas -todos miembros de los dos últimos consejos rectores- en calidad de imputados por un presunto delito societario cometido en el seno de la cooperativa con sede en Pozoblanco, según informó ayer la Guardia Civil. La detención de Díaz Yubero se produjo el pasado 15 de noviembre en el seno de una operación que todavía no está cerrada y en la que no se descartan nuevas detenciones, después de que un anónimo informara el pasado mes de junio al instituto armado de la comisión de estos delitos. La Guardia Civil señala que con el avance de la investigación han apreciado irregularidades en la concesión de operaciones crediticias por un importe aproximado de 13 millones de euros en un proceso en el que presuntamente "resultaron beneficiadas varias personas jurídicas".

En la documentación aportada a la Guardia Civil por el anónimo, se daba cuenta de una serie de operaciones, entre las que figuraba la compraventa de una gasolinera ubicada en la carretera de Pozoblanco a Villanueva de Córdoba en la que presuntamente se utilizaron como pago pagarés por valor de 700.000 euros conformados por Covap a nombre de Gestores y Empresarios Energéticos, algo que llevó a la Guardia Civil a investigar "dado lo inusual de la conformidad en los pagarés por parte de la citada cooperativa".

La Guardia Civil tilda de "abundante" la documentación recibida y sugiere que en ella se han apreciado "posibles indicios de la comisión de por parte de miembros de los dos últimos consejos de administración de la citada cooperativa de un delito societario". Así, se abrió la operación para "esclarecer" los hechos denunciados con conocimiento de la autoridad judicial. Las operaciones crediticias irregulares a las que hace referencia la Guardia Civil son préstamos con garantías hipotecarias que se realizaron entre los años 2003 y mayo de 2011 y en algunos casos contaron con garantías fijadas en bienes inmuebles cuyo valor era inferior a la cantidad concedida.

El comunicado de la Guardia Civil cayó ayer como un jarro de agua fría en Covap, donde se conocía que se estaba desarrollando esta operación por las declaraciones ante la Guardia Civil que han realizado los imputados en las últimas semanas. De hecho, fue la propia cooperativa la que aprobó el pasado junio la apertura de un proceso para investigar precisamente estas irregularidades contables, derivadas en su mayoría de la emisión de préstamos por parte de la sección de crédito de la propia sociedad y de otras entidades a una empresa de transportes que comenzó a prestar sus servicios a la cooperativa hace unos años, según explicaron ayer fuentes cercanas a la cooperativa. Esto, además, estaría relacionado con la compraventa de la gasolinera.

Precisamente, el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, manifestó ayer a El Día que "la cooperativa ya ha articulado mecanismos para intentar investigar estas irregularidades y pedir responsabilidades a quien corresponda". Delgado Vizcaíno recordó que los socios y el consejo rector de la compañía ya hicieron un "ejercicio de trasparencia" al aprobar en la citada asamblea que se investigara lo ocurrido "para depurar responsabilidades", insistió. En cualquier caso, el presidente de la cooperativa con sede en Pozoblanco manifestó que "es momento de ser discretos y prudentes hasta que todo quede suficientemente aclarado".

Miembros y ex miembros del consejo rector de Covap con los que ha contactado este diario y que no quisieron dar su nombre reconocieron ayer haber declarado debido a este caso, señalaron que están dispuestos a colaborar en todo momento para que se aclare lo ocurrido y manifestaron su inocencia. Se ampararon además en el hecho de que es la propia cooperativa la que inició un proceso de investigación interno para ver lo ocurrido. Aparte, este diario intentó contactar sin éxito ayer con Miguel Ángel Díaz Yubero, el único detenido en la operación, para conocer su versión.