La nueva consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha paralizado la orden dada por su antecesora, María Jesús Montero, hoy responsable de Hacienda, de eliminar la reserva de plazas en las residencias de mayores y centros de discapacitados. A principios de agosto los centros que conciertan plazas con la Junta recibieron una carta en la que se les informó de que, por motivos presupuestarios, Salud modificaría una orden de 1996 y dejaría de pagar a la mayor brevedad las plazas que no estuvieran ocupadas en estos centros. Los afectados culparon a la propia Administración andaluza de provocar que haya plazas vacías al tener paralizada la ley de dependencia e impedir la entrada de nuevos usuarios en el sistema. Calcularon que en la actualidad están vacías 2.800 de 11.163 plazas concertadas, mientras persiste la demanda de ocupaciones.

Sánchez Rubio avanzó ayer que la primera medida que ha querido tomar tras su llegada al departamento es una reunión con las patronales que atienden a estos colectivos, que finalmente se producirá hoy. "Me ha parecido que por respeto al Parlamento tenía que explicar primero las líneas generales de mi departamento. Pero mañana a primera hora (por hoy) voy a oír a los afectados, a poderles dar una respuesta y a escuchar cuáles son sus propuestas. Tenemos una red con plazas vacantes, que nos produce un coste elevadísimo, y tenemos que ver qué fórmulas hay para no dañar a los beneficiarios", avanzó Sánchez Rubio en su primera comparecencia ante el Parlamento para explicar las líneas generales de su Consejería.

En las últimas semanas los afectados han mantenido contactos con la institución del Defensor del Pueblo andaluz y se reunieron con el coordinador general de IU, Antonio Maíllo. También se entrevistaron con el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, aunque esa reunión no transcendió.

IU ya había solicitado a Salud que revisase de cara a los Presupuestos de 2014 esta medida, de la que se ignora su ahorro. Según el sector, que integra a patronales como Lares-Andalucía, asociación que representa a 132 residencias andaluzas, la Federación Andaluza de Atención a la Dependencia FAAD o las cooperativas de Trabajo y Economía Social Faecta, si la Junta deja de pagar la reserva (el 60% de los 1.488 euros que cuesta una plaza al mes, 888 euros) y sigue sin derivar personas mayores, en la práctica se perderán 2.800 plazas, se cerrarán pequeñas empresas, principalmente en el entorno rural, y se perderán entre 1.500 y 2.000 empleos. Esta circunstancia se une a la deuda que ya mantiene la Junta con estas empresas.

Sánchez Rubio también se refirió a esta circunstancia, aunque sin dar datos de a cuánto asciende. La consejera avanzó que se revisará "en profundidad" la situación. "Habrá un reconocimiento de la deuda, no sólo con los ciudadanos, sino con las corporaciones locales y las entidades sociales", expuso Sánchez Rubio, que avanzó "nuevas fórmulas" para conseguirlo. Precisamente los anteriores responsables de la Consejería han introducido la deuda por la paga de cuidados familiares en el plan de proveedores del Gobierno cuyo plazo finalizó ayer y pese a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas niega que esta fórmula sea posible. Por esta razón en la última semana valoradores de la Junta han visitado a 20.000 familias, para que justifiquen su deuda acumulada a finales de 2012 como una factura, procedimiento al que aludió el miércoles la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que calificó de "esperpento" la situación de la dependencia en Andalucía.

Sánchez Rubio, de acento más gestor que político, no entró en valorar estas declaraciones en su comparecencia, aunque en declaraciones posteriores a Europa Press, dijo que "esperpento es derogar la ley, además diciendo que lo están cumpliendo".

Sí que entró al debate el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, que en declaraciones a los periodistas en Huelva consideró estas declaraciones de Mato "ignorantes e inaceptables".

La Consejería de Salud y Servicios Sociales gestionará el 45% del Presupuesto de la Junta al incrementar sus competencias con las políticas de Igualdad (Instituto de la Mujer y Juventud) y pese a que las políticas de violencia de género e inmigración siguen residiendo en Justicia.

Sánchez Rubio aseguró que las competencias de Salud "no se desdibujarán", dijo que se "dará la cara" ante los profesionales sanitarios, que se han visto afectados por recortes salariales, y que se abundará en la "eficiencia para proteger un sistema que es sostenible". "Espero que Salud gane, por confluencia, y que ningún sistema engulla a otro", deseó.