El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, que investiga los términos del ataque que sufrió la imagen de Jesús del Gran Poder por parte de un funcionario de prisiones en la Basílica del Gran Poder -lo que valió al agresor su imputación en un delito de atentado contra el patrimonio histórico y su suspensión provisional de funciones por parte de Instituciones Penitenciarias-, sobre el valor patrimonial de la talla.

Así lo ha indicado el hermano mayor del Gran Poder, Enrique Esquivias, que ha señalado que las conclusiones del informe, que no se centrarían en una valoración económica, arrojan como resultado que la imagen es un "referente" desde el punto de vista patrimonial.

Esquivias, cuya hermandad finalmente no se presentó como acusación particular, ha tenido constancia de la presentación de este escrito el pasado mes de octubre, al igual que de otros puntos como la entrega de valoraciones psiquiátricas del agresor, Luis Carbajo Ordoñez, que llegó a ingresar en el Área de Psiquiatría de centros hospitalarios de Sevilla y Huelva tras lo sucedido.

Por lo demás, el hermano mayor del Gran Poder ha explicado que desde que se ha repuesto al culto de manera normalizada la imagen, con una mampara de seguridad en torno a la talla, "afortunadamente todo va con normalidad y no se ha registrado ningún tipo de incidente". 

Los hechos por los que Luis Carbajo Ordoñez fue detenido se remontan al domingo 20 de junio, cuando, al término de una misa en la Basílica del Gran Poder de Sevilla, este funcionario de prisiones agredió presuntamente a la talla de Jesús del Gran Poder, obra atribuida al imaginero Juan de Mesa y fechada en 1620, rompiéndole un brazo.

En el juzgado de guardia de la capital hispalense, el acusado declaró ser "el representante del espíritu de Jesús" y aseguró que, por ese motivo, "ni él ni Jesús necesitan ninguna representación en madera muerta". 

El Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla decretó para él libertad con cargos. Se le imputa un presunto delito de atentado contra el patrimonio histórico-artístico, para el que el Código Penal establece penas de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses.