"Será nula toda cláusula que impida al beneficiario de una orden de pago exigir al ordenante el pago de una cuota adicional u ofrecer una reducción por la utilización de un instrumento de pago específico". Ésta es la enrevesada redacción de parte del artículo 24.3 de la Ley de Servicios de Pago, aprobada ayer por el Congreso de los Diputados. Traducida, quiere decir lo siguiente: los comercios tendrán la opción de cobrar una comisión al consumidor por el pago con tarjeta de crédito. O, al contrario, de ofrecer un descuento.

Los bancos ya cobran una comisión por el uso de las tarjetas a los establecimientos, y hasta ahora, este coste no podía repercutir en los consumidores. A partir de 2010, que será cuando entre en vigor la ley, sí podrá ser así. Para los consumidores, ésta es una forma de compensar la pérdida de dinero que supone para el comercio el pago de las comisiones a los bancos. "Van a habilitar el recargo para jugar con él y los que vamos a pagar seremos los consumidores, cuando ya nosotros pagamos por el mantenimiento de la tarjeta y otros gastos asociados", dice José Carlos Cutiño, de la Unión de Consumidores-UCE. Los empresarios, por su parte, mantienen que, en una situación como la actual, ningún comercio va a aplicar el recargo. "Garantizo que no va a suponer ningún aumento de los precios; no vamos a aplicarla porque a nosotros lo que nos interesa ahora es reactivar el consumo", dice José Guerrero, secretario general de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA). Guerrero sostiene que la ley llega con un cierto desfase en el tiempo. Según él, hace unos años sí hubiera tenido mucho sentido, ya que las comisiones que los bancos imponían al comercio eran del 6%. Ahora, dice Guerrero, sólo son del 1%.

Desde la UCE se afirma, sin embargo, que la posibilidad que se abre sólo conseguirá retraer el consumo, tal y como ha sucedido, recuerda Cutiño, en Dinamarca. "Alemania y Francia ni siquiera se han atrevido a aplicarla". El legislador, ante la protesta de las asociaciones de consumidores, ha optado por introducir en el articulado, a petición de CiU, la posibilidad de que el Gobierno establezca límites a la comisión.

La Ley de Servicios de Pago forma parte de la adaptación de la Directiva de Servicios para homologar las legislaciones de todos los países de la UE. En comisiones con tarjeta, Bruselas deja libertad para decidir a cada Estado miembro.