La Junta de Andalucía reiteró ayer que no se han producido vertidos al dominio público hidráulico en los terrenos de la mina de Aznalcóllar y criticó por "sesgado" el informe de los técnicos del Instituto de Toxicología que han analizado muestras tomadas en las instalaciones y que concluyen en un informe remitido al juzgado que la depuradora no funciona y presenta visualmente un estado de abandono.

El informe de Toxicología llega a la conclusión de que hay que depurar los lixiviados procedentes de la mina, pero según fuentes próximas a la Administración andaluza ese dictamen no alerta de ningún grave riesgo por la presencia de sustancias cancerígenas. El informe concluye expresamente lo siguiente: "Los residuos mineros de características peligrosas acumulados en las instalaciones, sus lixiviados ácidos con elevadas concentraciones de metales peligrosos y las aguas que por las instalaciones discurren, requieren por su elevada peligrosidad, un control, gestión y depuración de sus lixiviados, ya que suponen un riesgo muy grave para el medio ambiente y los recursos naturales". La Junta recuerda que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la única competente para informar de la correcta gestión hídrica que se desarrolla en el complejo minero y ahora la juez que investiga el caso está precisamente a la espera de recibir ese informe de la CHG sobre el ciclo del agua de la mina, un dictamen que la instructora pidió el 22 de mayo y reiteró el 3 de julio.

La depuradora del complejo minero, tal y como acreditaron varios trabajadores que declararon en el juzgado, tiene dos líneas, una de las cuales está funcionando y la otra podría hacerlo en una semana si resultara necesario.

Las fuentes indicaron que existe un "evidente paralelismo" entre este informe y el del experto ornitólogo del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que reconoció a la juez que sólo examinó para hacer su informe seis de los 3.000 folios que tiene el proyecto de la empresa ganadora Minorbis. El técnico que suscribe este informe, Albert Vingut López, ha tenido un "conocimiento parcial de la realidad de Aznalcóllar".

Las mismas fuentes admitieron que en la corta de Aznalcóllar existen las concentraciones de metales que el informe de Toxicología señala en sus conclusiones, pero desde la Administración andaluza consideran que "el mejor plan de control de la zona minera es la de su explotación con un proyecto industrial moderno e innovador, y ajustado a las rigurosas condiciones de seguridad medioambiental que la Junta incluyó en el pliego del concurso". El informe "desconoce" la autorización de dos organismos del Estado, el Instituto Geominero (IGME) y la CHG, para verter el agua a la corta.

La juez toma hoy declaración a los cuatro últimos técnicos imputados en la causa abierta por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso.