Que los ayuntamientos sevillanos están agudizando el ingenio para buscar formas de financiarse en tiempos de crisis, no es nada nuevo. Aunque hay algunas propuestas que, por la trascendendia que pueden tener más allá de un sólo término municipal, son especialmente llamativas. Una de ellas ha partido de Osuna, que en la última reunión de seguimiento con los responsables del Catastro en Sevilla, propuso la necesidad de revisar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de carácter rústico que pagan actualmente los agricultores que alquilan sus tierras para parques eólicos, huertos solares o plantas termosolares.

Según explica Juan Antonio Jiménez Pinto, delegado de Hacienda en el Ayuntamiento ursonense, cuyo término acoge el que fue el primer parque eólico de Sevilla, es una incongruencia que los propietarios de estas fincas siguan pagando lo mismo que cuando no tenían más ingresos que su producción agrícola.

Las empresas de energías renovables pagan entre 3.000 y 4.000 euros al año al propietario de cada hectárea que alquilan para poner placas solares. En cuanto a los parques que aprovechan la fuerza del viento, los empresarios abonan hasta 9.000 euros por cada molino que se levanta sobre sus propiedades. Se trata de unos ingresos fijos, que no dependen de su trabajo ni la inversión del agricultor y que no están al albur de los daños que las inclemencias meteorologicas, las plagas o cualquier otro imprevisto pueden causar en la producción.

El propio Jiménez Pinto, con una amplia experiencia en la administración local, trasladó al máximo responsable del Catastro esta idea para que la propusiera en Madrid. Según el concejal, modificar este impuesto supondría un alivio, aunque sea mínimo, para las castigadas arcas municipales. Sólo en la provincia de Sevilla ya funcionan cerca de 40 plantas fotovoltaicas y hay muchos más proyectos en trámite. Hasta enero, la Delegación Provincial de Innovación estaba tramitando 265 expedientes. En cuanto a los parques eólicos, hay varios proyectos, sobre todo en la Sierra Sur de la provincia.

De momento, fuentes de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, confirmaron a este diario que antes del mes de diciembre comenzará a aplicarse una "ponencia de características especiales" o una contribución nueva a los titulares de parques eólicos o fotovoltaicos, es decir para las empresas, que también supondrá un ingreso adicional para los ayuntamientos.