lucha contra la explotación sexual Balance de la mesa de coordinación y seguimiento

El Ayuntamiento prepara un plan para inspeccionar clubes de alterne

  • Desde el año pasado la Policía Local de Sevilla ha denunciado a al menos cinco establecimientos por infracciones administrativas · El protocolo también se aplicará a casas de citas y sex shops

El Ayuntamiento de Sevilla está elaborando un protocolo para inspeccionar los locales de alterne de la ciudad y denunciarlos en caso de que no cumplan con todos los requisitos legales. Este código, del que ya se ha escrito el borrador, se enmarca dentro del plan integral contra la explotación sexual de las mujeres, que hasta ahora se había caracterizado por multar a los clientes de la prostitución callejera. En el nuevo protocolo participan las delegaciones municipales de Consumo, Medio Ambiente, Urbanismo, Seguridad, Salud y Mujer.

La Policía Local inspeccionaba ya con cierta regularidad estos establecimientos, pero a partir de ahora el Ayuntamiento pretende ir más allá de la mera intervención policial, dotando a cada inspección de un carácter integral en el que participan varios servicios municipales. El protocolo no sólo se centra en los locales de alterne, sino que se aplica también a los sex shops y casas de citas. En los últimos meses ya se han realizado una serie de inspecciones en clubes y otros establecimientos, que han dado como resultado al menos cinco denuncias por incumplir distintos preceptos de la normativa.

Hay que tener en cuenta que las competencias en materia de extranjería y seguridad ciudadana corresponden a la Policía Nacional, por lo que las inspecciones de la Policía Local han de centrarse en otros aspectos como las licencias, el exceso de ruido, la existencia de publicidad de carácter sexista y otras cuestiones administrativas. Para que las inspecciones sean más efectivas, la intención de los responsables municipales es la de invitar a un jefe de este cuerpo a las reuniones de seguimiento del plan en próximas fechas.

La delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla analizará periódicamente los datos de las inspecciones y presentará un informe semestral, que se estudiará en la mesa de coordinación y seguimiento del plan integral contra la explotación sexual. Este órgano, presidido por la delegada de Asuntos Sociales y Familia, Dolores de Pablo-Blanco, se reunió el pasado 19 de abril y en él se trataron las distintas inspecciones y denuncias puestas por la Policía Local en los últimos meses.

Desde mediados de 2011, al menos cuatro establecimientos han sido denunciados, casi todos por infracciones administrativos. Así, un club situado en la glorieta Plus Ultra, frente al estadio Benito Villamarín, fue multado por tener una minicadena sin autorización y los extintores caducados. A otro local, ubicado en la avenida de Andalucía, se le puso una multa de 3.000 euros por no tener un limitador de los decibelios.

En ambos casos, la Policía ha dejado pendiente la posibilidad de ampliar las denuncias. En el club de la glorieta Plus Ultra, los agentes han solicitado la licencia, que data de 1988, al archivo municipal, para que comprueben si en el proyecto inicial están las tres habitaciones, duchas y jacuzzi que existen en el local. En el de la avenida de Andalucía, se ha pedido también la licencia, de 1994, para comprobar si figuraba el jacuzzi, la piscina y las duchas. En el supuesto de que en el proyecto original no figuraran estos elementos, el Ayuntamiento abrirá otro procedimiento sancionador contra ambos locales.

A raíz de una denuncia vecinal, la Policía también ha inspeccionado un chalet de la calle Conde de Osborne, en el barrio de Santa Clara. Allí, los agentes comprobaron que se trataba de una casa carente de cualquier tipo de publicidad exterior, compuesta por una zona de acceso ajardinada, cocheras y un edificio central de vivienda. Los policías reflejaron en el acta que el acceso está vigilado mediante cámaras de seguridad. "Al detectar nuestra presencia, sale a nuestro encuentro un señor que, a la pregunta nuestra sobre qué es el chalet, nos contesta que es un bar donde uno se puede tomar una copa tranquilo y a gusto", indica el acta.

En ese momento, se identificaron como policías e inspectores y solicitaron el acceso al establecimiento. La persona que atendía a los agentes se opuso y aseguró que tenía que consultarlo con el encargado. Acto seguido cesó la música procedente del interior de la casa y regresó el hombre, que dijo a los policías que había hablado por teléfono con el encargado y éste le había transmitido que "el chalet es una vivienda particular", por lo que le negó el acceso a los policías y los invitó a volver el domingo, que era el día que se encontraba allí el encargado. Ante esto, los policías comunicaron lo ocurrido a la Fiscalía y a la Subdelegación del Gobierno, para que actúen en consecuencia.

Otra intervención se produjo en la calle José Luis de Casso, en Nervión, donde existe un local de alterne que sólo tenía licencia para bar sin cocina y sin música, según comprobaron los agentes cuando llegaron al mismo, que se encontraba abierto al público. La Policía constató que tenía una minicadena y dos pantallas de televisión, por lo que denunciaron al propietario del negocio.

Otra de las inspecciones previstas por la Policía Local no pudo llevarse a cabo al encontrarse el local en cuestión cerrado cada vez que fueron los agentes. Se trata de un supuesto gabinete de estética y masajes del patio de San Laureano, junto a Torneo, que los vecinos habían denunciado que se trataba en realidad de un prostíbulo encubierto. Pese a que la inspección no pudo realizarse, la información que maneja la delegación de Asuntos Sociales es que este centro ha cesado su actividad, según se puso de manifiesto en la reunión de la mesa de coordinación y seguimiento de la explotación sexual.

En diciembre del año pasado la Policía inspeccionó un club del polígono Calonge. En el acta levantada tras la visita, se refleja la existencia de 37 habitaciones con cama, si bien en otra inspección anterior del servicio de Medio Ambiente sólo se hacían constar 11 habitaciones que, según el jefe de sala, se utilizaban como camerinos. La delegada de Asuntos Sociales pidió en la mesa de coordinación que se emita un informe para aclarar esta discrepancia.

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