Justicia

Ultimátum de jueces y fiscales para repetir la huelga de 2009

  • Acuerdan trabajar a reglamento, cumpliendo los horarios que fija la ley, la autorregulación de la carga de trabajo y limitar los juicios.

La rebelión de las togas se avecina de nuevo. La protesta llega tan sólo tres años después de la histórica huelga para reclamar más medios y personal para la Justicia tras los errores detectados en el caso Mari Luz. Los jueces destinados en los 100 órganos judiciales que hay actualmente en Sevilla no descartan volver a repetir la huelga de 2009 para mostrar su "malestar" por la situación de colapso en la que siguen sumidos los juzgados, los recortes estatutarios y salariales acordados, la falta de inversión en materia de Justicia y el "vaciamiento" de las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la reforma propuesta por el Gobierno, según denunció ayer la junta general de jueces de la ciudad hispalense. La carrera fiscal, que inicialmente no se sumó a aquella movilización inédita en la Justicia, ha mostrado en esta ocasión todo su apoyo al manifiesto difundido por las asociaciones profesionales y también secundarán las movilizaciones.

Las sedes judiciales del edificio Viapol y del Palacio de Justicia, en el Prado de San Sebastián, acogieron en la mañana de ayer los distintos cónclaves que celebrados los jueces, magistrados y fiscales. El decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, explicó que los magistrados sevillanos secundaron los acuerdos y el manifiesto suscrito por todas las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, y anunció que se han dado un plazo de un mes, a lo largo de octubre próximo, para adoptar otro tipo de medidas de presión más contundentes, entre las que no se descartan los paros parciales, las concentraciones e incluso la reedición de la huelga de febrero de 2009, convocada por la carencia de medios materiales y personales.

El decano de los jueces aseveró tras la reunión de la junta general de jueces -a la que han asistido más de 70 magistrados-, que tras aquel paro la situación de la Justicia "se ha mantenido y agravado", hasta el punto de que el "colapso de los órganos unipersonales es patente y no hay una inversión definitiva en Justicia, ni se crean plazas judiciales a pesar de que no conseguimos reducir la sobrecarga de trabajo".

Mientras se cumple el plazo fijado en el ultimátum de los jueces al Gobierno, la junta de jueces de Sevilla ya ha acordado una serie de medidas propuestas por el comité interasociativo de jueces y fiscales, que incluyen el cumplimiento estricto de los horarios, así como la celebración de juntas sectoriales de las distintas jurisdicciones en las que se acordarán medidas de autorregulación de la carga de trabajo y de posible limitación de los señalamientos de los juicios.

La junta de jueces también ha instado a la elaboración de un catálogo profesional de enfermedades y a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apruebe definitivamente unos módulos que definan la carga de trabajo razonable que debe asumir cada juez. De lo contrario, el decano advirtió de que "los asuntos se irán amontonando", colapsando aún más los juzgados y haciendo que los señalamientos de los juicios se fijen para más tarde y aumente la pendencia de los órganos judiciales, que Francisco Guerrero no dudó en calificar en estos momentos de "abrumadora".

Por su parte, los jueces de la Audiencia de Sevilla también se reunieron en un plenillo en el que mostraron su adhesión a las acciones propuestas por las diferentes asociaciones profesionales. El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, señaló que los jueces han rechazado los recortes estatutarios y han acordado el cumplimiento estricto de las horas de audiencia, por lo que indicó que si un juicio puede demorarse mucho más allá de las 13:30, la sesión se aplazaría para otro día. En la reunión, a la que asistieron la mayoría de los 32 magistrados de la Audiencia, también se ratificó el acuerdo que habían alcanzado con anterioridad estos jueces para fijar una carga máxima de trabajo de 220 resoluciones "de fondo" por magistrado y año en la jurisdicción civil, y 300 asuntos para los jueces destinados en las secciones penales, constatando que actualmente la carga de trabajo se sitúa muy por encima de estos niveles. Damián Álvarez subrayó que los jueces están "sufriendo las consecuencias" del colapso en su salud, dado que se llevan el trabajo a casa y es raro que se puedan descansar un fin de semana completo.

Los magistrados de la Audiencia también reiteraron el acuerdo que se adoptó en mayo pasado para las secciones penales, en el que se reclamó la creación de una nueva sección y de nuevas plazas de jueces de adscripción territorial, así como las "comisiones de servicio escalonadas", una medida que, según explicó Damián Álvarez, permitiría incorporar a la nueva promoción de jueces que ahora no tienen plaza, para que pasen a reforzar determinados juzgados, y posibilitaría a jueces de la provincia realizar servicios en órganos de la capital. A su vez, otros jueces destinados en órganos de Sevilla pasarían por un tiempo de entre seis meses y un año a estar destinados en la Audiencia Provincial, con lo que tomarían de esta forma contacto con el trabajo de un órgano colegiado. La propuesta, añadió el presidente de la Audiencia, ha sido "bien recibida" en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los jueces de la Audiencia no han abordado la cuestión sobre las posibles medidas a adoptar en el caso de que no se solucione el conflicto planteado.Los fiscales de Sevilla también se han adherido a las propuestas de la comisión interasociativa y apoyan las medidas que se adopten. En el caso concreto de Sevilla, los fiscales han acordado además ofrecer una "información permanente a la opinión pública" sobre las carencias de la Justicia, para ir trasladando de forma periódica si esas carencias provocan, por ejemplo, la suspensión de juicios y su fijación para otro año, según explicó ayer la delegada de la Asociación de Fiscales (AF), Isabel Vázquez. Los fiscales decidieron apoyar todas las medidas de presión que acuerde el comité interasociativo de ambas carreras y no descartan secundar paros, concentraciones e incluso una huelga. A la reunión de los fiscales han acudido 60 de los 88 destinados en Sevilla y provincia.

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