El juez de Instrucción número 9 de Sevilla ha tomado declaración a al menos tres miembros del tribunal de las oposiciones de la Policía Local de Sevilla, en el marco de la investigación abierta sobre el presunto enchufismo en la prueba de acceso. En las últimas semanas, el juez interrogó a los componentes del tribunal de una de las dos convocatorias que se realizaron de manera conjunta el año pasado, así como a varios opositores. Todos ellos prestaron declaración en calidad de testigos y por el momento no hay ninguna persona imputada en esta causa.

La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía sobre las presuntas irregularidades registradas en las pruebas de selección de los nuevos policías. Un opositor presentó una denuncia ante el Ministerio Público alertando de una serie de anomalías. Entre ellas destacan la posible filtración de los exámenes a un amplio grupo de familiares de agentes que terminaron aprobando y accediendo a la Policía Local, así como irregularidades en las pruebas físicas, en el tallaje de algunos de los aspirantes y en la documentación relativa a los permisos de conducir que debían tener los alumnos al inicio de la convocatoria. El opositor denunciante también solicitaba la paralización del proceso, algo que por el momento no se ha producido. De hecho, los 103 nuevos agentes de estas dos promociones se incorporarán oficialmente a la Policía Local el próximo 2 de julio.

La Fiscalía ordenó una investigación al Grupo Especial de la Policía, la unidad de asuntos internos de la fuerza municipal, y posteriormente presentó una querella ante los indicios de que existieran delitos de prevaricación y revelación de secreto. El juzgado de Instrucción 9 abrió una investigación que se ha centrado principalmente en esclarecer si hubo o no filtración del examen y sólo en una de las dos convocatorias.

Para ello ha citado como testigos a los miembros del tribunal y a varios alumnos, al tiempo que ordenó al Gepol que registrara las dependencias de la delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla en busca de posibles pruebas del presunto amaño. Los agentes requisaron varias cajas con exámenes, si bien la mayoría de la documentación intervenida correspondería al último examen realizado, el supuesto práctico, y no el test teórico que los opositores denunciaron que se podría haber filtrado.

Entre las irregularidades puestas de manifiesto por los denunciantes estaría el hecho de que algunos de los miembros del tribunal tenían lazos familiares con algunos de los alumnos aprobados, que además no disponían de todos los permisos correspondientes al inicio del proceso. Los responsables del órgano encargado de seleccionar al personal siempre han negado que existieran irregularidades en ninguna de las dos convocatorias recientes.