El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Juan Espadas, y el concejal Miguel Bazaga han mantenido encuentros este miércoles con representantes de trabajadores de la zona de Bami perjudicados por la influencia y presión que tendrá en el entorno de centros de trabajo como las consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente, la implantación en 25 calles de la zona azul, y con la asociación Bami Unido, partidaria de este sistema. 

El portavoz socialista, quien ha subrayado que la zona azul tiene "elementos positivos" siempre que se realice con los estudios técnicos adecuados y con consenso, ha vuelto a reclamar que se paralice el contrato de concesión, al no haber tenido el proceso de participación previo necesario, ni los estudios de movilidad adecuados. "La zona azul puede tener efectos positivos desde el punto de vista de la movilidad, pero no puede ser una medida que se adopte con criterios de rentabilidad económica o de seguridad. Siempre que estos efectos positivos estén avalados y que haya consenso con los vecinos la zona azul puede ser positiva. Pero esto no ocurre en estos momentos en los que ni siquiera los vecinos saben por parte del Ayuntamiento qué efectos tendrá en su día a día la zona azul", explica Espadas. 

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista ha planteado a trabajadores y vecinos las numerosas dudas existentes sobre este proyecto, como las tarifas, las exenciones o los horarios, y ha vuelto a reclamar a Zoido que paralice el expediente. "Hay una zona de Bami, con graves problemas por los gorrillas, que pide la zona azul. Puede que no sea la solución y que al final convivan gorrillas con zona azul, pero ante el consenso existente pedimos al gobierno de Zoido que realice una prueba piloto en las zonas más afectadas y que suprima el resto de las vías hasta que se hayan realizado los estudios, debates y proceso de información necesarios", apunta el portavoz socialista, quien subraya que "uno de los grandes problemas de la fórmula escogida por el gobierno de Zoido es que ya supone una hipoteca para el barrio para los próximos diez años", periodo durante el cual no se podrá suprimir una calle en zona azul salvo si se compensa con otra que acepte la empresa adjudicataria. 

Espadas recordó que el modelo planteado por el Grupo Socialista para la zona azul es contrario a su privatización a través de un concurso público e implica que este servicio sea asumido directamente por Tussam, de forma que todos los ingresos que se obtengan, que pueden llegar a ascender a siete millones de euros, sean para la empresa de transportes y, por tanto, sirvan para mejorar la movilidad urbana en Sevilla.

IU impulsa un "frente social y vecinal" contra la ampliación

Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha iniciado una ronda de contactos con diversas organizaciones y entidades para analizar las consecuencias de la ampliación de la zona azul e impulsar un "frente social y vecinal" contra su desarrollo "sin consenso". "El proyecto de ampliación de zona azul del gobierno de Juan Ignacio Zoido es una medida estrictamente recaudatoria que afectará muy negativamente a la movilidad urbana y al bolsillo de la mayoría social sevillana y que no goza en estos momentos del consenso ciudadano necesario para ser aplicada", agrega Torrijos, que ha mantenido una reunión con diferentes asociaciones sindicales, de consumidores, vecinales y de la economía social para abordar el "importante impacto de este nuevo sablazo que el PP quiere imponer". 

En concreto, en este encuentro han participado representantes de CCOO, UGT, Facua, UCE, Híspalis, Cepes y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Todos ellos, según ha señalado Torrijos, han coincidido con IU en valorar "muy críticamente una decisión que se ha tomado con total oscurantismo". "A ninguno de nosotros se nos ha consultado ni informado previamente sobre un proyecto de bastante envergadura que, para más 'inri', se ha aprobado por la vía de urgencia y con veranicidio de por medio", ha denunciado el portavoz de la federación de izquierdas. Así las cosas, Torrijos ha explicado que, "dado el calado de este tema", se ha acordado convocar urgentemente una reunión en el seno de la Plataforma Compromiso Social para el Progreso de Sevilla, de la que forman parte cerca de una treintena de entidades de diversa índole, al objeto de "continuar analizando más exhaustivamente las consecuencias de esta brutal medida y adoptar las acciones que correspondan". 

Igualmente, tanto IU como los colectivos presentes en este encuentro han anunciado su intención de solicitar en los próximos días un debate sobre movilidad urbana en el seno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), al tratarse éste de un "foro muy adecuado y sumamente plural para discutir estas cuestiones". Al hilo de esto, Torrijos ha aclarado que ni su fuerza política ni las organizaciones con las que se ha reunido este miércoles se oponen a la zona azul en sí, sino al procedimiento "absolutamente opaco" seguido por el gobierno de Zoido para "incrementar de manera desmesurada en un 77% las actuales plazas de pago que hay en la ciudad, obviando la realidad social y el contexto de crisis tan feroz en que nos encontramos".

Tampoco ha ocultado el concejal de IU su sorpresa por la distribución que se pretende llevar a cabo de la nueva zona azul, incidiendo en la "paradoja de que en Los Remedios se vayan a eliminar un 60% de estas plazas, mientras se castiga a las capas populares de otros barrios o a los trabajadores y estudiantes de La Cartuja", algo que "dice mucho del concepto que el PP tiene del interés general", ha añadido. Asimismo, Torrijos ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que la implantación de la zona azul suponga la eliminación del problema de los 'gorrillas' en diversos puntos de la ciudad, "tal y como alega el gobierno local". Para el portavoz de IU, este "presunto argumento no es más que una excusa para enmascarar la voracidad recaudatoria del PP y su obsesión por transferir rentas públicas al sector privado". En este sentido, Torrijos ha vuelto a defender que sea la empresa municipal Tussam quien se haga cargo de la gestión de la zona azul en Sevilla y ha mostrado su rechazo a la "privatización iniciada por el gobierno de Zoido para que unos pocos hagan negocio con los recursos públicos de todos".