La Junta de Andalucía ejecutará en breve una operación que le permitirá obtener ingresos en el momento en el que más los necesita, el presupuesto del próximo ejercicio, mermado en un 6%. La base será la venta de sedes administrativas por toda Andalucía, enajenación que en Sevilla afectará a 33 edificios.

La operación ingeniada por la Administración autonómica parte del Decreto-Ley de 27 de julio de reordenación del sector público, por el que se autoriza la venta de bienes inmuebles a la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial (Sogefinpa) y la Empresa Pública de Gestión de Activos (Agesa), ambas pertenecientes a la Administración autonómica. Para su adquisición, las empresas públicas (cuyo destino es fusionarse) recurrirán al endeudamiento sin problema alguno, obviando el límite de endeudamiento del 1,3% del PIB regional impuesto por el Gobierno central a la autonomía.

El dinero obtenido, unos 800 millones de euros por los 75 edificios que se venderán en toda Andalucía (que aún están pendientes de tasación), llegará como agua de mayo a las arcas autonómicas. Y la Junta de Andalucía alquilará los edificios a sus empresas públicas por un periodo máximo de 35 años. Con esta operación la Junta obtiene liquidez y libera su patrimonio inmobiliario. La gran mayoría de los edificios seguirán siendo sedes de la Administrción, aunque alguno en desuso podría ser alquilado a empresas privadas.

De los 33 edificios ubicados en Sevilla, la mayoría corresponden a consejerías y sedes provinciales. Es el caso de las consejerías y delegaciones de Salud, Empleo, Justicia, Igualdad y Bienestar Social, Turismo, Comercio y Deporte, Obras Públicas, Agricultura y Pesca y Cultura, que una vez se lleve a cabo la operación de venta dejarán de ser propiedad de la Junta de Andalucía, aunque , en algunos casos, seguirán albergando el mismo uso. Otros de los inmuebles puestos a la venta son la sede de Inturjoven en la calle Virgen de la Victoria, el Instituto Andaluz de la Mujer en la calle Doña María Coronel, el edificio del Defensor del Pueblo en Reyes Católicos o el Teatro Central en la Isla de la Cartuja.

Los inmuebles ubicados en el casco antiguo de la ciudad entran dentro del conjunto histórico declarado. Es decir, que la mayoría de los edificios que actualmente acogen sedes administrativas, tienen un nivel de protección, que varia en función del lugar donde esté ubicado. Este es el caso, por ejemplo, de la Consejería y Delegación de Cultura. O el edificio que hay en la Plaza de la Contratación que antiguamente albergaba la Consejería de Obras Públicas y la de Presidencia.

Respecto a la operación, la portavoz parlamentaria del PP-A, Esperanza Oña, aseguró ayer que la Junta hace una "fullería contable" al vender edificios de su propiedad a empresas públicas de la administración andaluza que tienen que "endeudarse" para comprarlos, lo que le sirve a la Junta de Andalucía para no superar los límites de estabilidad presupuestaria que tienen marcados las comunidades autónomas.

La popular explicó que la Administración autonómica va a vender patrimonio para inyectar un total de 951 millones, lo que incumple directamente los límites de estabilidad presupuestaria. Sin embargo, la Administración andaluza va a evitar que dicha venta compute en materia de endeudamiento "porque serán las empresas públicas que compren los inmuebles quienes recurran al endeudamiento". Asimismo, afirmó que con esta venta de bienes inmobiliarios no se contribuye a la creación de empleo, sino que se hace que la comunidad autónoma "esté más endeudada".