Si algo ha conseguido el actual consejo de administración del Betis, heredado del que comandó el nefando José Antonio Bosch, es poner de acuerdo a la mayoría del beticismo, entre éste a facciones irreconciliables desde hace años pero que hallan un punto de encuentro en lo que a la marcha de los integrantes de la cúpula se refiere.

Si acaso, el actual administrador judicial, Francisco Estepa, nombrado por la juez Mercedes Alaya en base a un artículo derogado, y los miembros de su consejo cuentan con el apoyo de la Liga de Juristas, que nunca se ha manifestado contraria a los intereses de los gobernantes ni a casi ninguna de sus propuestas, ya que si algo ha hecho son labores de asesoramiento.

Otra de las plataformas, como Béticos por el Villamarín (BxV), no ha abierto la boca prácticamente desde que el propio Estepa citara a sus representantes junto al resto de asociaciones a la única reunión que han mantenido al poco de hacerse el abogado cordobés con el mando del Betis por orden judicial a primeros de año. Además, desde que Miguel Espina vendiera su paquete accionarial, adquirido en su día por la Fundación del Betis y miembros de su entorno, BxV ha perdido bastante fuerza en el tejido social verdiblanco.

Empero, la asociación de béticos de base Por Nuestro Betis (PNB) no ha perdido su ley fundacional y ante la grave crisis que vive la entidad ha tomado medidas encaminadas a un cambio drástico en vísperas de la celebración de la Junta General de Accionistas, que los actuales rectores tenían intención de haber celebrado ya y que aún no han convocado, con lo cual, teniendo en cuenta los veinte días hábiles desde su publicación, la llevarían ya casi inexorablemente al mes de diciembre.

Sea como fuere, PNB, movida por su "hondísima preocupación ante la desastrosa deriva en que la actual dirección tiene sumido al RBB", solicitó este jueves en un escrito remitido al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla la modificación de las medidas cautelares vigentes desde agosto del 2010 y la remoción del administrador judicial, Francisco Estepa.

PNB, que aglutina sobre el 6% de las acciones, señala que "la situación es de una gravedad equiparable a la que se pretendía salvar con las cautelas ordenadas", porque en el plano deportivo "la caótica gestión ha llevado a todas sus categorías a mínimos históricos" y en el económico "impera el oscurantismo y la falta de transparencia".

A Estepa, con el cual han solicitado diversas reuniones sin éxito, lo acusa PNB de tener "un grado de conocimiento de la entidad, su entorno, una voluntad de diálogo y un nivel de dedicación menores que su predecesor (Bosch), además de que "su marcada ausencia" ha provocado "el descabezamiento" del club.

Por ello, PNB pide que se aplique "la solución más plausible, la piedra angular de las sociedades de capital: el gobierno de los accionistas", en lugar de mantener a la sociedad en manos de un administrador del paquete mayoritario, propiedad de Manuel Ruiz de Lopera. Si el juzgado no atendiese esta primera petición, PNB solicita "subsidiariamente" la "remoción" de Francisco Estepa "como administrador judicial de las acciones de Farusa.

Paralelamente, Lopera se reunió el miércoles en el hotel Vértice, en Sevilla Este, con Manuel Castaño, Balbino de Bernardo y algunos peñistas, en el mismo marco de la preocupación por la crisis que asuela a la entidad, y acordaron poner en marcha un pacto de sindicación que, levantadas las medidas cautelares antes de que se pronunciara el Mercantil sobre parte del paquete de Lopera, podría contar con más del 60% del capital social.