"Un dossier de 56 nombres sin sanciones no es útil", dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge, en noviembre. Ahora, pese a la reapertura de la Operación Puerto, el operativo contra el dopaje de la Guardia Civil española de principios de 2006, la duda deportiva continúa: se estudiará de nuevo si hubo un delito contra la salud pública, pero que haya sanciones contra los deportistas dependerá de si el juez permite a las federaciones usar los datos del dossier.

Rogge y el COI tienen prisa. Los Juegos de Pekín están muy cerca y no desean que los ciclistas -y quizás otros deportistas- implicados estén en China. "Esperemos poder usar esas informaciones del dossier para sancionar a los atletas culpables", deseó Rogge. "Lo que es un problema es que el juez (Antonio) Serrano diga que las informaciones del caso no son utilizables por las federaciones para sancionar. Hay una apelación contra eso", agregó. De nuevo el juez decidirá si traspasa esa información a las federaciones o no. La reapertura del caso dictada por la Audiencia de Madrid supone la aceptación parcial de los recursos presentados por siete acusaciones, entre ellas del Gobierno español, la Agencia Mundial Antidoping y la Unión Ciclista Internacional.

Se revisará si el doctor Eufemiano Fuentes y el hematólogo Luis Merino Batres atentaron contra la salud pública por el modo de tomar y conservar las bolsas de sangre que sacaban y reinyectaban tras ser enriquecida con glóbulos rojos. Pero los ciclistas cuyos nombres trascendieron y los directores de equipo quedan eximidos de todo delito y ni Fuentes ni Batres serán castigados por suministrar sustancias dopantes.

El juez archivó el caso hace un año sin ver delito contra la salud pública y sin considerar que la EPO encontrada en las 200 bolsas de sangre revistiera peligro para la salud. Tampoco ahora se pone en duda el riesgo de la EPO, sólo la conservación y manipulación de la sangre. Tampoco se estudiará un posible delito de los corredores por fraude, pese a que una causa similar se sigue en Alemania contra Jan Ullrich, implicado en la Operación Puerto, como demostró un análisis de ADN.

Tampoco una violación por dopaje, pues en el momento de los hechos el uso y suministro de sustancias para elevar el rendimiento deportivo no era un delito. Ahora, con la nueva ley, sí lo sería.

El juez Serrano decidió que las pruebas (grabaciones telefónicas y de vídeo, entre otras) fueran utilizadas sólo para un proceso penal por un delito contra la salud pública, por lo que no podían usarse para sanciones deportivas.

Serrano prohibió que las federaciones y a la UCI usaran los datos de los documentos para sancionar a los corredores, que, sin embargo, se han encontrado con sanciones no oficiales pero reales que los tienen recluidos en equipos de segunda fila y repudiados por el paranoico mundo del ciclismo. ¿Cambiará ahora de opinión el juez Serrano? Desde el COI se han apresurado ya a celebrar la reapertura del caso. Desde la AMA hay más prudencia.