Casi cuatro años después de que Manuel Ruiz de Lopera abandonase el club, con la presente temporada a punto de echar el telón y con el descenso a Segunda División del Betis ya consumado, la juez Mercedes Alaya dictó auto de procesamiento contra el máximo accionista de la entidad y contra el resto de imputados en la causa por delito societario y de apropiación indebida en el Betis y descapitalización de la sociedad. En dicho auto se cita a todos los procesados el día 28 de mayo (10:00) para la notificación del mismo y una declaración indagatoria.

La notificación del procesamiento se hizo efectiva el viernes y contra dicho procesamiento cabe recurso de reforma en el plazo de tres días y de apelación en cinco. Previsiblemente, Lopera recurrirá, no así la acusación particular -formada por las tres plataformas-, y faltaría por definirse la posición de la Fiscalía.

Con este auto se pone fin a la instrucción del caso, que ahora pasará a la Audiencia Provincial, ante la que la defensa de Lopera seguramente pedirá el levantamiento de las medidas cautelares que desde hace unos cuatro años pesan sobre sus acciones. La juez Alaya examina el "plan preconcebido" desde que Manuel Ruiz de Lopera fuese vicepresidente económico del club verdiblanco, "en perjuicio de la sociedad y en su propio beneficio", ostentando primero "la mayoría absoluta del capital social" del club a través de la sociedad Farusa, para luego aprovechar "el poder de decisión conseguido, privando al resto de accionistas del conocimiento de dicha gestión" y "ceder a otra de sus empresas, Tegasa, la totalidad de ingresos que percibiera el Real Betis por su actividad deportiva a cambio de una cantidad fija o variable según las temporadas". Todo ello "con el importante desfase temporal entre el cumplimiento puntual del Betis de sus obligaciones y el cumplimiento dilatado" de Tegasa, que tras operar seis temporadas desde la 93-94 fue relevada por Encadesa, también controlada por Lopera.

Pero no es éste el único procesado, pues la magistrada también procesó por actuar "como testaferros" o "en connivencia" a María de las Mercedes Ferraro, Guillermo Molina, Ana María Ruiz, María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ángel Guillermo Martín y Luis Oliver. En materia de fianzas, impone una de 33,3 millones de euros a Lopera; a Mercedes Ferraro, María Teresa González y Ana María Ruiz un millón de euros en cada caso; a Francisco Javier Páez 1,66 millones de euros, a Guillermo Molina y Ángel Guillermo Martín 2,66 millones de euros; y a Oliver 431.280 euros, con embargo de bienes en caso de no presentar las fianzas. 

Recursos mediante, la Audiencia resolverá aproximadamente en un mes con tres escenarios posibles: celebración de juicio por hallar indicios de delito; que hubiera juicio, pero levantando las medidas cautelares (una es devolverle el control de las acciones) si considera que han cubierto la función para la que estaban destinadas; o absolver a Lopera si no ve indicios de delito cerrando el caso -no habría juicio-. A la petición de levantamiento de las cautelares se opondrán las acusaciones particulares, por lo que será la Audiencia la que resuelva. La sección Primera de la Audiencia ya respaldó en varios autos el mantenimiento de las cautelares tras los recursos presentados por la defensa de Lopera, pero en esta ocasión será una sección distinta la que resuelva.

En este prolijo auto, explica la juez que en 1992 Farusa, administrada por Ana María Ruiz, y participada en un 96% por Incecosa, cuyo administrador único era Lopera, se hizo cargo del préstamo de 308,7 millones de pesetas suscrito meses antes por el club con la consiguiente adquisición de acciones y la imposición de Farusa de ostentar "los derechos políticos de unas acciones que no había desembolsado", aunque no habría cumplido sus compromisos en materia financiera, ya que a finales de 1994, "el desfase entre lo abonado por el Betis y lo cobrado" de Farusa superaba los 66,6 millones de pesetas.

Farusa, según Alaya, se hizo con la mayoría absoluta del capital social del club, en concreto 55.350 acciones en 1992, si bien 30.869 de ellas "no se habían adquirido" en aquellas fechas y 20.662 "no se abonarían nunca". En una "segunda fase" de la operación, según la juez, Lopera contaba ya con el "poder absoluto" del club e introdujo a Tegasa, a la que controlaba a través de la propia Farusa y otras sociedades para "gestionar de manera personalísima los recursos de la actividad deportiva del club a través de diversos contratos de arrendamiento de servicio", contando para ello con María Mercedes Ferraro de Mora y María Teresa González como "testaferros" en la última etapa.

Tales cesiones, a juicio de Alaya, "constituyen claramente una disminución del patrimonio del Real Betis". Tegasa, además y "sin justificación lógico económica alguna, participaba gratuitamente en el 10% en la indemnización que correspondiera por el ejercicio de la cláusula de rescisión por parte de los jugadores", cosechando por ejemplo 200 millones de pesetas de la indemnización derivada de la rescisión de Roberto Ríos en la 97-98. Así, la juez apunta diversas operaciones para exponer "los recursos ilícitamente obtenidos por Tegasa durante seis temporadas", calculando en 15.701.180 euros "el perjuicio total irrogado al Betis por  Tegasa".

Esta sociedad sería relevada por Encadesa, en la que Guillermo Molina ostentaba también la administración, y que "seguiría gestionando desde la temporada 99-00 privadamente los recursos de la actividad deportiva del club", incluyendo "la totalidad de los ingresos", siempre con la "aquiescencia" de Ángel Martín. Alaya cuantifica el "beneficio final y el correlativo perjuicio para el Real Betis" en esas catorce temporadas en "la imponente suma" de 24,91 millones de euros.