Otra macrocausa que instruyó inicialmente la juez Mercedes Alaya que se desinfla al llegar a juicio. Los dueños de Fitonovo pactan un acuerdo con la Fiscalía que evita su ingreso en prisión. Los propietarios de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para reducir considerablemente las peticiones de condena, desde los nueve años y medio de cárcel a los que se enfrentaban inicialmente hasta los 28 y 30 meses de prisión, unas penas para las que el Ministerio Público ya ha solicitado su suspensión dado que consideradas individualmente por cada delito ninguna supera los dos años de cárcel. Además, doce los 36 acusados han sido absueltos y han abandonado la Sala una vez que se les han retirado todos los cargos en su contra.

Así lo ha explicado el fiscal de la Audiencia Nacional al inicio del juicio de la pieza principal de la operación Madeja, en la que están acusadas 36 personas y en el caso de los dueños se les imputa haber creado una "organización criminal" desde su empresa para el pago de las mordidas y regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

En virtud del acuerdo alcanzado por las defensas, el fiscal ha pedido finalmente una condena total de 28 meses de cárcel para Rafael González Palomo y de 30 meses para su hijo, José Antonio González Baró, mientras que para el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, ha pedido 30 meses de cárcel, y de 19 meses para el adjunto a la dirección, Ángel Manuel Macedo Gajete, quien según la Fiscalía tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales y era una pieza fundamental en el funcionamiento de este artificio contable para la generación de dinero negro de la empresa".

En su intervención en la Sección Primera de la Audiencia Nacional, el fiscal ha dado cuenta de la conformidad alcanzada y que se ha debido a la apreciación por parte del Ministerio Público de hasta tres circunstancias atenuantes en la conducta de los acusados: las dilaciones indebidas del procedimiento -que se inició en el año 2015-, la confesión de los acusados, y la de reparación del daño. El fiscal ha dicho que en este caso existe interés de la Administración de Justicia en que se pueda dictar una sentencia "sin necesidad de llegar a un juicio largo, complejo y susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo".

En cuanto a las penas solicitadas, en la nueva calificación de conformidad se acuerda una condena de cuatro meses de prisión por un delito de "grupo criminal" para los acusados José Antonio González Baró, Ángel Manuel Macedo y Juan Andrés Brugueras Foye.

Por el delito de falsedad en documento mercantil solicita diez meses de cárcel para Rafael González, José Antonio González y Juan Brugueras Foye, y 15 meses de cárcel para Ángel Manuel Macedo, así como una multa de tres meses a una cuota diaria de diez euros.

El pacto incluye además condenas por tres delitos de cohecho: un año y medio de prisión para Rafael González, José Antonio González y Juan Brugueras, por un primer delito; una multa del tanto del valor de la dádiva y suspensión empleo o cargo público por otros dos años, por el segundo; y una multa de cuatro meses para los tres acusados por el tercer delito de cohecho.

Retira el blanqueo de capitales porque "ennegrecieron el dinero"

El fiscal de la Audiencia Nacional también ha anunciado la retirada del delito de blanqueo de capitales -por el que solicitaba inicialmente otros cuatro años de prisión y multa de dos millones de euros- que imputaba a los dueños de Fitonovo porque entiende que lo que se hizo en este caso por parte de los responsables de la empresa sevillana es "justificar de un dinero legal la salida de fondos mediante facturación falsa para el pago de comisiones y, por tanto, lejos de ser un blanqueo es justo lo contrario, se ennegreció el dinero".

Así ha dicho que se creó un asiento en la contabilidad de Fitonovo para poder pagar "lo que no se puede justificar".

En el mismo acto del juicio, el fiscal ha informado favorablemente a la suspensión de la condena a estos acusados, dado que las penas por los distintos delitos individualmente no superan los dos años de prisión y se ha alcanzado un acuerdo además en materia de responsabilidad civil, además de que carecen de antecedentes penales.

De esta forma, los principales responsables de las mordidas de Fitonovo evitarán su ingreso en prisión, con lo que se trata del segundo juicio de esta macrocausa que en su día investigó la juez Mercedes Alaya que va a acabar con condenas mínimas, como ya ocurrió con la primera de las piezas enjuiciadas, que acabó con penas de entre seis meses y los tres años.

Doce acusados quedan absueltos por la retirada de los cargos

Hay además doce acusados a los que se han retirado todos los cargos y han quedado por tanto absueltos en esta primera sesión del juicio, que inicialmente estaba previsto que continuara hasta el mes de junio pero cuyas sesiones se reducirán al haberse alcanzado estos acuerdos, por lo que en la Sala se han oído de fondo "enhorabuena" por parte de algunas de las personas que compartían el banquillo.

Una imagen del inicio del juicio con los 33 acusados iniciales.

El fiscal destaca en su escrito de acusación la "multitud de funcionarios que tenía en nómina la dirección de Fitonovo" y concluye que estos cuatro principales acusados "crearon y dirigieron una trama criminal cuyo propósito consistía en obtener un enriquecimiento ilícito procedente de la contratación pública mediante la adjudicación irregular y/o la ejecución no ajustada a lo comprometido en los procedimientos públicos de adjudicación en que habían resultado adjudicatarios".

De esta manera, Fitonovo creó una infraestructura, “tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, y creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos”.

Prácticas corruptas entre 1995 y 2003

La prolongación en el tiempo de las “prácticas de corrupción (desde 1995 hasta 2013), el amplio ámbito territorial afectado y la multitud de administraciones y funcionarios implicados”, prosigue el fiscal de la Audiencia Nacional, “llevan a concluir que las prácticas delictivas vinculadas a la obtención fraudulenta de contratos, tanto administrativos como privados, eran un elemento nuclear de la actividad de la empresa, hasta tal punto que ésta puede entenderse como un velo societario de dicha actividad criminal”, precisa el Ministerio Público.

Continúa relatando que la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos quince años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, apunta, “esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias”.