Cuando nos vimos invadidos por la pandemia traté de encontrar elementos positivos dentro del drama y no voy a negar que, al menos tres o cuatro días, mantuve la ilusión de que parecía que el “enemigo común” nos unía. Parecía que nuestros políticos y gestores de lo público entendían que había un problema común y que debíamos afrontarlo con entrega y generosidad, además de con trabajo y esfuerzo.

Pero me duró la ilusión bastante menos que los aplausos de los balcones. Conforme se extendía la epidemia se fue extendiendo de forma generalizada una práctica que yo definiría con el tradicional grito de “sálvese el que pueda”. Así, desde las más pequeñas oficinas públicas a las más altas instancias administrativas, comenzaron a emanar de fluida forma toda una serie de recomendaciones primero, instrucciones y normas después que, aparentemente, tenían como prioridad garantizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en condiciones de seguridad para ellos y para los funcionarios que los prestan.

Sin embargo, la implementación práctica de las diferentes medidas en la mayoría de las administraciones ha puesto en evidencia que, desde luego, la prioridad no era garantizar la calidad del servicio público, ni tampoco la seguridad sanitaria de los ciudadanos, sino que lo realmente importante es garantizar a los funcionarios las mejores condiciones sanitarias para evitar su contagio.

Soy consciente que más de uno dirá que exagero con un desahogo escandaloso, por ello, previo a todo, reconozco que las generalizaciones suelen ser injustas, pero vaya por delante que reconozco que algunos y algunas funcionarios y funcionarias son un ejemplo de generosidad y entrega; pero aquí me refiero al bloque mayoritario, aquellos que durante esta pandemia están haciendo de su seguridad personal la principal prioridad de los servicios públicos y, desde luego me refiero, a quienes han dictado instrucciones y órdenes con las que se ha logrado en la práctica establecer dos grupos de ciudadanos, los de primera y los de segunda.

Así, por ejemplo, cuando pasamos por delante del Registro Civil, haga frio o calor, llueva o truene, nos encontramos apilados en el acerado mujeres y hombres de todas las edades, con sus bebés en los carritos, con sus discapacidades, … porque quién ha decidido que no pueden esperar dentro de las oficinas, no ha previsto una alternativa para que lo hagan a cubierto.

El mismo escenario lo contemplamos al pasar por delante de las sedes judiciales. Los ciudadanos, que mayoritariamente acuden a la llamada de la Justicia para cumplir con sus obligaciones, permanecen esperando en la calle hasta que el guardia civil de turno o el personal de seguridad les permite la entrada, a veces llamándoles a voces, ignorando la normativa vigente en materia de protección de datos personales.

La entrada a los edificios judiciales tampoco supone un ejemplo de igualdad de trato. Si vas a coger un ascensor y eres mínimamente cívico, decides subir las escaleras dado que te encuentras con el cartelito de COVID-19 anunciando que salvo casos de extrema necesidad no utilices el ascensor, pero si te quedas un ratito en la puerta, comprobarás como el ascensor no para de subir y bajar, eso sí, con funcionarios.

Las medidas en las salas de vistas, repletas de mamparas de metacrilato, es evidente que cumplen su función para los magistrados y fiscales, pero para los letrados que, uno tras otro, desfilamos a lo largo de la mañana, vamos ocupando el mismo sitio, ponemos las manos en los mismos lugares y, por supuesto, cuando se acaban las bolsitas del micrófono, todas y todos, hablamos y tocamos el mismo micro, se quedan algo escasas.

Cuando vas con un cliente que debe firmar alguna declaración o notificación, me “encanta” encontrarme con los bolígrafos “apestados” que dejan para que firmemos los profesionales y usuarios del servicio de Justicia y que, por supuesto, no tocan los funcionarios. Es evidente que a quienes toman la decisión les importamos un bledo los usuarios y profesionales, porque si el bolígrafo puede estar contaminado lo que hay es que establecer un sistema que permita firmar con seguridad, pero eso sería si la prioridad fuese la seguridad de todos y no la de unos pocos.

Resulta paradigmático el servicio “Salud Responde”. Cuando el ciudadano se cansa de llamar para ser atendido por un médico sin que le descuelguen el teléfono, no le queda otra alternativa que desplazarse al centro de salud, para apuntarse en una lista para que le llame el médico. Es difícil parir una mayor estupidez que idear un servicio telefónico, para evitar contacto personal, que para que te atiendan haya que ir en forma presencial a solicitarlo. ¡Es de premio Nobel!

Podría seguir poniendo ejemplos hasta el infinito de como las medidas adoptadas priorizan la seguridad de los funcionarios despreciando la calidad del servicio y, por supuesto, la seguridad de los demás, ignorando todo criterio de eficiencia y colocando en un segundo plano las necesidades de los ciudadanos. Espero y deseo que en las salidas a los desayunos de media mañana los funcionarios sigan manteniendo el mismo cuidado y las mismas medidas de prevención que utilizan en sus puestos de trabajos, porque lo único que nos faltaría es que, además de haber perdido calidad y eficiencia en los servicios públicos, se nos pongan malitos por contagios fuera del trabajo.