Carlos Navarro Antolín

El Plan Centro de regulación del tráfico rodado en el casco antiguo de la ciudad ha marcado tanto el final de los doce años de mandato del socialista Alfredo Sánchez Monteseirín como el arranque de mandato del popular Juan Ignacio Zoido, que gobierna Sevilla con 20 concejales desde las elecciones del 22 de mayo. El polémico plan, promovido a finales de 2010 por el concejal socialista Francisco Fernández, puso en jaque las estrategias de los dos grandes partidos políticos en momentos muy distintos. Los socialistas evidenciaron descoordinación entre los intereses del gobierno de Monteseirín y los del equipo electoral del candidato Juan Espadas. Y los populares, que prometieron su derogación en el programa electoral, no calcularon bien los efectos de la comisión de investigación que decidieron crear una vez que gozaban de una aplastante mayoría en el Pleno.

El PSOE trató de frenar la aplicación del plan todo lo posible para evitar nuevas polémicas a escasos meses de unas elecciones a las que acudían debilitados por los numerosos escándalos político-judiciales. Pero el plan entró finalmente en vigor en diciembre de 2010 marcado por un primer tiempo de prueba en el que no se multaba, aunque sí se notificaban las sanciones a título informativo. En los meses posteriores, el número real de multas no se llegó a conocer con rigor, pues se cruzaron diversos informes de los funcionarios que o bien ponían en cuestión el sistema de vigilancia de las cámaras o bien aseguraban que todo funcionaba correctamente.

El PP, una vez que alcanzó el gobierno, cumplió la promesa electoral de derogar el plan, lo que consumó el 29 de julio mediante una resolución firmada por el delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello. Una medida calificada como decretazo por la oposición, pero que administrativamente debía tomarse así, pues una resolución instauró el plan y, por lo tanto, otra acción de gobierno de la misma naturaleza jurídica debía derogarlo. El gobierno no dio oportunidad a que se debatiera el plan en una sesión plenaria, como exigía la oposición. El gobierno adujo que era una medida incluida en su programa electoral y fue a más al atreverse a aprobar la constitución de una comisión de investigación que terminó volviéndosele en contra, pues el portavoz del gobierno acabó pidiendo disculpas por las críticas formuladas contra la empresa que se hizo cargo de la instalación de las cámaras de videovigilancia. Los testimonios de la mayoría de los funcionarios interrogados en la comisión revelaron las deficiencias del informe realizado por el jefe del Centro de Control de Tráfico, en cuyas afirmaciones críticas con el plan se basó el PP para fundamentar la derogación.

Ni el PSOE calculó bien la coyuntura en que aprobaba el plan, ni el PP supo calcular los efectos de una derogación en la que terminó enredándose. Y la ciudad sigue sin un plan específico de regulación del centro, pese a que el Ayuntamiento anunció que lo tendría listo para enero. Las medidas tomadas al respecto por el gobierno de Zoido han sido la reinstauración de los autobuses hasta la Plaza del Duque pasando nuevamente por la Encarnación, el retorno de la zona azul en calles como San Pablo y la plaza de la Magdalena (que había sido surpimida por efecto del Plan Centro) y una mayor vigilancia policial que se traduce en más sanciones.