Caso Betis

La Fiscalía pide que las asociaciones de béticos sólo puedan ejercer la acusación popular

  • La fiscal reconoce la existencia de "irregularidades procesales" en la instrucción pero alega que "no han provocado efectiva indefensión".

Lopera sigue el juicio, con sus abogados al fondo. Lopera sigue el juicio, con sus abogados al fondo.

Lopera sigue el juicio, con sus abogados al fondo.

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado este martes a la Audiencia de Sevilla que estime la cuestión previa planteada por la defensa del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera con respecto a las acusaciones particulares –Béticos por el Villamarín, Por nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos-, si bien ha solicitado que no sean expulsadas del procedimiento, sino que su actuación se limite al ejercicio de la acción popular y no la acusación particular.

La fiscal del caso, Margarita Viera, ha explicado al inicio de la segunda sesión del juicio, que el ejercicio de la acusación particular debe quedar limitado a la personación del "perjudicado"–el Real Betis- y no a las plataformas de béticos, puesto que, según ha dicho, "no concurre el interés público y social que justifique su participación como acusación particular".

La representante del Ministerio Público ha rechazado, no obstante, la expulsión del procedimiento de estas asociaciones, como pedía la defensa de Lopera, porque entiende que pueden seguir como acusaciones populares.

Sobre la condena en costas que también reclamó Lopera, la fiscal se ha opuesto a que en este momento el tribunal se pronuncie sobre dicha condena en costas porque legalmente debe posponerse ese pronunciamiento al momento de dictar la sentencia, “donde el tribunal tendrá que valorar si concurren dichas condiciones para la imposición de las costas”.

La fiscal ha dicho al inicio de su intervención que iba a sostener los mismos criterios, a la hora de pronunciarse sobre las cuestiones previas, que expuso a lo largo de la instrucción de la causa, y todo ello por “coherencia y convicción política”, ha aseverado Margarita Viera, que ha añadido que el Ministerio Público en defensa de la “legalidad e imparcialidad no ha escatimado esfuerzos ni recursos en la presente causa”.

El Ministerio Público ha reconocido la existencia de "irregularidades procesales" en la instrucción del caso, si bien ha dicho que esas irregularidades "no han provocado efectiva indefensión, puesto que no han cercenado materialmente las posibilidad de defensa".

De otro lado, la fiscal ha pedido que se desestime la petición de nulidad de la prueba pericial que solicitó Lopera, dado que aunque existe una "errónea decisión" inicial del juzgado en el nombramiento de una empresa privada para la realización de la pericial contable, los funcionarios de la Agencia Tributaria que finalmente fueron designados para dicho informe reúnen las condiciones de "cualificación e imparcialidad por su condición de funcionario y porque concurre en ellos la capacidad e idoneidad para la realización de la pericial por su cualificación profesional".

La fiscal ha llamado la atención en varias ocasiones sobre los "avatares" que ha sufrido el procedimiento y ha dicho que las quejas sobre los peritos de la defensa obedecen más a las “vicisitudes de su nombramiento que a su idoneidad”.

La fiscal ha asegurado que el perito no intervino sobre los hechos que se trataron en la anterior sentencia que condenó a Lopera por delito fiscal, por lo que ha concluido que esa intervención "no afecta a la imparcialidad del perito". La defensa del empresario había alegado que el perito participó en las "actuaciones inspectoras" por las que había sido condenado Lopera, algo que rechaza el Ministerio Público.

El Ministerio Público también ha solicitado al tribunal que rechace la petición de la defensa en relación con los "efectos" que tuvieron las 48 resoluciones en las que intervino el magistrado de la Sección Primera Juan Antonio Calle Peña, que fue finalmente recusado por ser sobrino de uno de los integrantes de una de las acusaciones.

Las tres acusaciones particulares que ejercen Béticos por el Villamarín, Por nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos se han opuesto a todas las cuestiones previas planteadas por la defensa del ex mandatario verdiblanco.

El abogado Pedro Rodríguez de la Borbolla, que representa a Por nuestro Betis, pidió la desestimación al asegurar que el Betis estuvo "secuestrado literalmente y la única manera de salvarlo fue a través de las asociaciones", por lo que dijo que hay que "congratularse de que este juicio se esté celebrando".

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