El gobierno local da un nuevo paso en su conflictiva relación con la Policía Local desde hace varios meses. El delegado de Movilidad, Francisco Fernández (PSOE), compareció ayer en los juzgados para interponer una denuncia por la manipulación de diversos semáforos en la jornada en que se celebraba la etapa prólogo de la Vuelta Ciclista a España, disputada íntegramente en el casco urbano de la ciudad. Fernández detalla que el pasado 28 de agosto, entre las 21:40 y las 00:45, se detectaron operaciones "no adecuadas" en 15 semáforos de la ciudad, que quedaron "congelados", según el argot técnico, por lo que unos quedaron en rojo, otros en ámbar y otros en verde. "No se producían cambios de color en ningún semáforo", informa el concejal al juez en el texto de la denuncia.

Una de las claves de las texto radica en que Fernández expone con lujo de detalles cómo se pueden manipular los semáforos, de tal forma que se deduce la pericia que tal maniobra requiere, sólo al alcance de la empresa privada de mantenimiento o de los agentes de la Policía Local, con los que el gobierno local mantiene una fuerte disputa a cuenta del rechazo del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a abonar el pago de las horas extras en las cantidades y condiciones que exigen los representantes sindicales de los agentes. Fernández explica que técnicos de la empresa Sice, adjudicataria de las tareas de mantenimiento de la red de regulación automática del tráfico, "constataron que ningún regulador presentaba señales de haber sido forzado" y que todos presentaban señales de normalidad en sus respectivas cajas de control.

La denuncia realiza una valoración de los hechos y las consecuencias que pudieron derivarse: "Durante la noche del día 28 de agosto de 2010 se produjo una gran concentración de personas y de vehículos en el viario de la ciudad con motivo de la prueba ciclista, por lo que la manipulación realizada sobre los cruces semafóricos puede suponer un serio incremento del riesgo para la seguridad de peatones, conductores y usuarios de las vías en general no justificada".

El Ayuntamiento pone estos hechos en conocimiento del juzgado de guardia por si pudieran constituir delitos o faltas tipificados en el artículo 385 del Código Penal, que contemplan penas de prisión de seis meses a dos años y multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 10 a 40 días para quienes provoquen un "grave riesgo" para la circulación manipulando la señalización mediante sustituciones o anulaciones o de otras formas análogas. Fernández precisa en el final de la denuncia que, a los efectos de las diligencias de investigación, disponen de las llaves de acceso a los reguladores de los semáforos los técnicos de la empresa de mantenimiento y la Policía Local, por lo que insta al juez a llamar a declarar a los responsables en ambos casos. El edil complementa la denuncia con sendos informes del Centro de Control de Tráfico y por la Sección de Obras y Movilidad de la delegación que preside. En este segundo informe se certifica que las manipulaciones fueron "coordinadas", ya que se detectó una simultaneidad en tres rutas: Avenida de Andalucía, Kansas City y La Palmera. Se concluye también que la manipulación favoreció "en extremo" el acceso hasta las arteras principales en las que se desarrollaba la prueba ciclista "e impedían el tránsito por otras arterias principales de la ciudad". Y se apunta un hecho aún más trascendente: "Además del acceso al regulador mediante llave, se necesitan unos conocimientos sobre el normal desenvolvimiento sobre el tráfico en la ciudad".

El técnico firmante de este informe, Félix Lerma Gallego, considera esta situación "altamente peligrosa para el tráfico de la ciudad", por lo que insta a la toma de medidas para su repetición y propone que mientras tanto se anule la posibilidad de acceder a las cajas de control de los semáforos mediante forma directa, por lo que está función pasaría a desarrollarse directamente desde la sala de control.