El juzgado de Instrucción cuatro de Sevilla, dirigido por el juez Francisco de Asís Molina, ha abierto "diligencias previas" para esclarecer si hubo presunto fraude societario y presunto delito societario en la subvención nominativa de un millón de euros concedida por el Ayuntamiento de Sevilla en 2013 a la Agencia para la Promoción Exterior de Sevilla (Appes) que dirige Eduardo Corcuera.

A través de un auto fechado el 5 de agosto y notificado ayer lunes, el juzgado da cuenta de la denuncia promovida por el secretario provincial del PCA de Sevilla, Carlos Vázquez, contra el alcalde Juan Ignacio Zoido; contra su concejal de Economía y Empleo, Gregorio Serrano; y contra el director general de la Appes, Eduardo Corcuera. El juez señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

A través de este auto recogido por Europa Press, el juez decide que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancia de tales hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente (...) instruir diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable".

El juez ordena abrir "diligencias previas" y dar cuenta de ello tanto al Ministerio Fiscal como a las partes, que cuentan con opción de recurrir el auto mediante recurso de reforma o subsidiariamente de apelación.

La denuncia también va contra los miembros de la junta local de gobierno que apoyaron entregar esta subvención pese al aviso previo de la Intervención General del Ayuntamiento, y contra los miembros de la asamblea de la Appes que aprobaron las cuentas de la asociación. La denuncia cita un presunto delito de fraude de subvenciones porque la ayuda en cuestión es usada en "gastos de funcionamiento de una asociación privada" y "no cabe que los gastos de funcionamiento de la entidad privada Appes puedan incorporarse a la cuenta justificativa de una subvención pública otorgada por el Ayuntamiento para realizar las actividades programadas". Además, señala un posible delito societario del artículo 290 del Código Penal.

El texto de la denuncia, recogido por Europa Press, expone que la subvención se dio en el marco de un convenio firmado entre el alcalde en representación del Consistorio, y el concejal de Empleo, Economía, Fiestas Mayores y Turismo, Gregorio Serrano, como presidente adjunto de la Appes, ya que la presidencia de la entidad recae en la figura del alcalde.

La denuncia recuerda que la Intervención ya había advertido que "la asociación parece que interviene como entidad colaboradora y no como beneficiaria", que no se detalla la relación de gastos e ingresos de los proyectos, tampoco "los criterios con los que la Appes adjudica los proyectos a realizar" y "se incluyen gastos de patrocinio a otras entidades, así como subvenciones a terceros".

El Interventor entiende que debe replantearse la figura de la subvención nominativa a la Appes, "ya que los gastos de esta asociación en la actualidad no se adecuan a la normativa derivada de la sujeción de la misma a la Ley General de Subvenciones", mientras el Ayuntamiento y la Appes actúan "como si se otorgara una transferencia de financiación presentando una relación de gastos" y tal método "no es una forma adecuada de financiar una entidad privada".

El delegado de Economía y Empleo, Gregorio Serrano, negó cualquier irregularidad. "Este gobierno no ha cometido ni una sola irregularidad en la gestión de la subvención a Appes, como pone de manifiesto un informe del Interventor en el que se señala que todos los gastos están perfectamente justificados. La denuncia de IU se basa en retorcer una serie de observaciones que hace el Interventor para mejorar el procedimiento formal de la subvención, meras observaciones que no son reparos ni alcances, y que son las mismas observaciones que viene haciendo desde 2009, cuando gobernaba IU", asegura Serrano. El edil cree que se archivará el caso, como se archivó la denuncia sobre las cuentas de la Copa Davis, y acusó a IU de falta de rigurosidad en sus denuncias.