El calendario del proceso autonómico andaluz está jalonado de fechas, aunque en la memoria colectiva han quedado subrayados el 28-F, fecha del referéndum en la que Andalucía votó a favor de abrir una vía similar a la del País Vasco y Cataluña, y la del 4-D, ese día de diciembre de 1977 cuando en todas las capitales andaluzas hubo manifestaciones por el autogobierno. En Málaga cayó asesinado José Manuel García Caparrós, y a punto estuvo el 4-D de convertirse en el Día de Andalucía en vez del postrero febrero. Pero fue el 20 de octubre de 1981, efemérides de la que hoy se cumple el trigésimo aniversario, cuando los andaluces votaron en referéndum el texto del primer Estatuto de Autonomía, el llamado de Carmona y, posteriormente, reformado en 2007.

El resultado electoral no fue tan aplastante como el del 28 de febrero de 1981, cuando la abstención llegó al 36,1% a pesar de que el Gobierno de Adolfo Suárez llamó a los andaluces a no acudir a las urnas; se mantuvo en el 46%, una cifra bastante aceptable si se considera que el referéndum del segundo Estatuto, el de 2007, cosechó una participación de apenas el 36%. Pero más allá del desinterés que las consultas autonómicas fueron ganando con el paso del tiempo, hay que achacar la baja participación -los síes, sin embargo, siempre fueron masivos- a que todos los partidos del arco parlamentario estuvieron de acuerdo con los textos, y es un hecho constatable que la confrontación entre organizaciones termina sacando a más gente a la calle.

En 1981 aún no existía el Parlamento andaluz -sí la Junta como administración-, y la constitución de la Cámara autonómica debía esperar, precisamente, al paso de la aprobación del Estatuto, de ahí que quienes lo redactaron, los llamados padres del texto, fueron escogidos de entre los partidos andaluces que tenían representación en el Congreso de los Diputados. Por el PSOE, participaron Ángel López, Miguel Ángel del Pino y José Rodríguez de la Borbolla; la UCD estaba representada por Pedro Luis Serrera y Carlos Rosado; Juan Carlos Aguilar era el andalucista, y Javier Pérez Royo, del Partido Comunista. Todos ellos eran abogados de profesión, y en el caso de Ángel López y Pérez Royo, catedráticos de Derecho Civil y Constitucional, respectivamente. Serrera era abogado del Estado, y todos tenía entre 20 y 30 años.

Después del referéndum del 28-F, cuando en Almería no se consiguió que votase de modo positivo más del 50% del censo, una modificación legal en el Congreso posibilitó abrir la vía del artículo 151 mediante una votación a petición de los diputados almerienses. De ahí que UCD se incorporase, a partir de ese momento, a la negociación del Estatuto.

El texto de 1981 consideraba a Andalucía como una comunidad autónoma, aunque implícitamente se le citaba como una nacionalidad. Hay que considerar que, hasta entonces, el único texto de referencia en este aspecto era la Constitución, que dividía a España entre regiones y nacionalidades, pero no especificaba cuáles eran unas y cuáles, otras. De hecho, en la Carta Magna siguen sin figurar los nombres de las comunidades autónomas que componen España.

El Gobierno de UCD fue el más reacio a la mención de la nacionalidad, pero aun así votó a favor del texto. De hecho, todos los partidos participaron activamente en la campaña del referéndum, si bien el PSA mantuvo una actitud menos entusiasta porque hubiera preferido profundizar más. El partido de Alejandro Rojas Marcos ya venía con problemas desde el 28 de febrero, cuando optó por una posición neutra que permitió al PSOE quitarle la bandera de un andalucismo que estaba llamada a ser su seña de identidad en solitario. El posterior acuerdo con la UCD ahondó este problema de los andalucistas.

Aun así Pérez Royo ha recordado esa campaña como una de las más emocionantes de su vida política, por la respuesta que encontró en pueblos y ciudades.

La asamblea de diputados y senadores se reunió en Córdoba el 28 de febrero de 1981 para analizar el proyecto de los ponentes, unos momentos muy delicados, ya se producía apenas cinco días después del intento de golpe de Tejero. Carlos Rosado, ponente por UCD, mantiene que pudo haber habido gente que prefiriese retrasar esa asamblea después de la intentona, aunque considera que el mantenimiento de la fecha fue "una prueba de firmeza del Gobierno" y de todos los partidos participantes. Bien es cierto, no obstante, que en el trámite posterior con Madrid sí surgieron más conflictos, habida cuenta del proceso de desaceleración de la descentralización que se impuso después del 23-F con la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (Loapa), aunque ésta fuera posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional.

Uno de los asuntos que más se discutió entre los redactores del texto fue el papel de las provincias. En cierto modo, la fortaleza del nuevo gobierno autónomo se iba a medir por cuantas competencias asumiera de la Administración central y por su papel preponderante sobre las diputaciones y las provincias, un aspecto que gustaba más a UCD. El resultado fue un híbrido de difícil aplicación, porque dejaba a las diputaciones la administración periférica de la Junta, cuando las corporaciones provinciales se elegían en elecciones diferentes y podían tener -como de hecho ha ocurrido- partidos de gobierno de signo diferente. Esto fue corregido en el Estatuto del año 2007, en el que también se incluyó un concepto que los padres de los años ochenta quisieron soslayar: la designación de Sevilla como capital andaluza.