El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, han sido condenados no por dirigir una trama de extorsión a promotores del municipio, sino por exigir un soborno de122.000 euros a cambio de una licencia de obras. La Audiencia de Málaga ha resuelto así el caso Troya contra la corrupción político urbanística en Alhaurín el Grande. Por el camino han quedado 18 acusados a los que el fiscal retiró los cargos en el último momento y 12 delitos de cohecho más que la Fiscalía imputaba a Martín Serón y a Guerra y para los que el tribunal no ha hallado indicios suficientes.

La sentencia, que impone a cada uno 200.000 euros de multa y un año de suspensión para ejercer cargos públicos, establece que el alcalde y el concejal de Urbanismo "jugaban" con la confusión urbanística de Alhaurín el Grande, haciendo una interpretación "laxa o estricta" de las normas, de manera que el arquitecto municipal emitía informes, farragosos e ininteligibles, contrarios a la expedición de licencias que "por arte de magia" se convertían en "favorables". A modo de ejemplo el tribunal recoge una conversación telefónica intervenida el 23 de noviembre de 2006 en la que Martín Serón le decía a Guerra que diera instrucciones al arquitecto municipal para que le pusiera "las cosas negras" a un promotor, de modo que después ellos pudieran hacerle ver "el gran favor" que le hacía el Ayuntamiento dándole la licencia.

Este escenario es el que aclara por qué trataron hacer creer al promotor y denunciante del caso Troya, José Burgos El Perola, que sólo podía edificar cuatro o cinco viviendas y después le autorizaron 14 como si se tratara de "un favor que se le concedía graciosamente". El Perola denunció en su momento y mantuvo en el juicio que Gregorio Guerra le había exigido 122.000 euros por la licencia.

El tribunal estima que Martín Serón controlaba el urbanismo municipal porque así se pone de manifiesto en varias conversaciones telefónicas intervenidas durante la investigación.

El tribunal destaca que los 122.000 euros sólo podían ser un soborno y no una contraprestación para el municipio porque en ese caso la negociación no se hubiera realizado de una manera "tan oscurantista". Para el tribunal también es aclaratoria la actitud del concejal de Urbanismo negándose a responder sobre un archivo alusivo a El Perola hallado en su ordenador.