La Renta Básica consiste en una ayuda mensual, de unos 400 euros como mínimo (75% del Iprem) y de 798 euros como máximo, que obtendrían todos aquellos que no lleguen a este umbral de ingresos y que rubriquen el compromiso de que intentarán por todos sus medios integrarse laboral y socialmente. Una diferencia sustancial con el salario social de la actualidad reside en que no se agota a los seis meses.

La Renta Básica es un derecho recogido en el artículo 23.2 del Estatuto, sin vigencia hasta ahora. El PSOE la ha aplazado hasta en dos legislaturas aduciendo la falta de recursos. En su último programa electoral la sustituyó por un "salario de oportunidad social" para un año. IU sin embargo, a quien el PSOE seduce como aliado de gobierno, la marca como prioridad para esta legislatura. Ayer insistió el coordinador general de la coalición, Diego Valderas, tras entrevistarse con el Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo: "Es un objetivo fundamental para un nuevo tiempo político".

Todo ello con independencia del coste económico que conllevaría la puesta en marcha de esta ley, en tiempos de recortes y no de avances. "Viene en el Estatuto de Andalucía y es de obligado cumplimiento para quien tenga que gobernar. Lo tienen otros países y otras comunidades como el País Vasco, Navarra o Asturias. Andalucía tiene que ser capaz de legislar de forma avanzada", argumentó el líder de IU.

El presupuesto de esta ayuda universal para los más necesitados sería "mucho más" que el gasto actual en salario social, razonó Chamizo, quien expuso que la aprobación de una ley de inclusión social que contenga esta ayuda es "básica" para la gestión de los programas sociales. Abogó por introducirla por tramos, según las necesidades y la disponibilidad económica. En 2011 el presupuesto del salario social que pidieron 50.000 andaluces superó los 78 millones de euros. Antes de la crisis, en 2008, el gasto de la Junta fue de 38,9 millones.