Son insuficientes una ley nacional y otra andaluza de igualdad, un plan estratégico que se inició en 2010 y otro sinfín de programas con perspectiva de género para conseguir que la mujer acceda a los puestos directivos de las empresas, ni siquiera de las públicas. Cierto es que nadie las obliga: los textos aprobados quedaron en una declaración de buenas intenciones para que se impulsara el acceso de las mujeres a los puestos directivos, pero sin establecer su obligatoriedad. Mientras que en las listas al Parlamento o en los altos cargos de la Junta de Andalucía la ley garantiza al menos un 40% la presencia de hombres o de mujeres, las empresas públicas no tienen la obligación de cumplir con la paridad en sus puestos de mando.

Las cuentas de estas sociedades durante el pasado año demuestran la superioridad de hombres en la alta dirección, no ya al frente de las empresas públicas, sino en todos los escalafones directivos. Esto no sucede por contra en la mayoría de los consejos de administración, que por lo general no son remunerados y suponen una traslación de los cargos de la Administración, con los consejeros o consejeras nombrados como presidentes.

Es en el nivel de alta dirección, el ejecutivo, donde la presencia de las mujeres apenas roza ese 40% de representación.

Este análisis puede encontrarse en el informe de impacto de género que desde 2005 incluye la Junta de Andalucía junto a sus Presupuestos y que, año tras año, traduce ese desequilibrio en el análisis del personal directivo de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles y entidades asimiladas. Es en las áreas de medio ambiente, obra pública y vivienda, salud y cultura donde menor presencia de mujeres directivas se encuentra. Es algo mayor, pocas veces paritaria, en las empresas públicas vinculadas a comunicación social, turismo, deporte, economía, educación o bienestar social.

La desigualdad es más flagrante en las agencias públicas empresariales, dependientes de las consejerías. La Consejería de Hacienda utiliza un índice donde la paridad sería la unidad. Un 0,8 sería sobrerrepresentación masculina y un 1,20 la femenina, pero dentro del equilibrio. Todo lo demás, igual a desequilibrio. En las 18 agencias públicas el índice es de un 0,59.

Es el caso por ejemplo de la Agencia de Agricultura, donde ocho de los diez directivos son hombres, según su cuenta general del pasado año. En la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia las mujeres triplican en número de empleados a los hombres, pero el director gerente y seis de las nueve jefaturas están ocupadas por hombres. También son tres mujeres y 9 hombres en la dirección de la agencia sanitaria del Bajo Guadalquivir y el desequilibrio es de 10 a 3 en el Hospital de Poniente. En el Alto Guadalquivir hace sólo tres años sus 20 ejecutivos eran hombres; ahora han recortado dos puestos y la representación es de 13 hombres y 5 mujeres.

El leve avance también ha llegado a la Agencia de Innovación y Desarrollo (IDEA) en la que en 2008 sólo figuraba una mujer entre sus cargos mejor retribuidos. Según los últimos datos, de sus 41 directivos (si se incluyen las jefaturas de departamento), una de cada cuatro es mujer. Más diferencia hay en la agencia de Puertos (tres de 15) o en la Agencia de Medio Ambiente y Agua (una de cinco).

En las sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Junta también hay casos llamativos. Como el de Emergencia Sanitarias, donde sólo 12 de sus 42 directivos y mandos intermedios son mujeres.

Caso opuesto se da en la empresa pública de Infraestructuras y Servicios Educativos, donde se encuentra a una mujer como directora y a otras siete directivas que igualan a los ocho hombres directivos. Paridad absoluta, e insólita.