A pesar de que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que regula la función social de la vivienda, la Junta de Andalucía, y concretamente, el departamento de la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, sigue adelante con los trámites de uno de los proyectos estrella -y más discutidos- de esta legislatura.

Pese a la gran brecha que sobre este asunto existe con el Ejecutivo central, la Junta defiende la solidez de los argumentos de la Ley de la Función Social de la Vivienda, aprobada por la Cámara andaluza en septiembre. La ley, declaró Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno, "está muy bien pertrechada de argumentos jurídicos y tiene la legitimidad del pueblo andaluz a través de su Parlamento" .

Con la luz verde del Consejo de Gobierno, culminó el proceso por el que se expropia -de manera temporal y por un plazo de tres años- la propiedad de un piso en Huelva a una sociedad de activos -A y T Hipotecario Mixto III Fondo de Titulación de Activos-, que se hizo titular de este inmueble al pesar sobre la casa un embargo al no hacer frente sus compradores al pago de la hipoteca.

Así, Carmen Andújar, casada y con cuatro hijos, dos de los cuales son menores de edad -15 y 17 años- y se encuentran a su cargo, con 41 años y la única de la unidad familiar que tiene trabajo -dos horas al día limpiando portales- es la primera en beneficiarse de la expropiación de una propiedad a un banco para evitar un desahucio.

El paso previo para que se ejecute esta expropiación ha sido la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del expediente para la declaración de interés social -la base teórica sobre la que la Junta ha defendido en Madrid y Bruselas esta norma-, y un requisito que ya se ha cumplido con otras 17 viviendas: Málaga (6), Sevilla (4), Almería (3), Granada (2), Huelva (1) y Cádiz (1).

En todos estos casos, la Consejería inició el trámite tras comprobar que los solicitantes cumplían con el perfil de encontrarse en riesgo de exclusión social en caso de acometerse un desahucio. Luego, la sociedad adjudicataria del piso presentó sus alegaciones, que no han sido aceptadas. El paso siguientes es el establecimiento de un justiprecio para el periodo de tres años que durará la expropiación del uso. La culminación del expediente en Huelva asegura a esta familia un techo en alquiler social durante estos tres años en los que los afectados pagarán el 25% de sus ingresos y nunca más de 130 euros al mes. En este caso concreto, María del Carmen Andújar obtiene al mes un sueldo de 350 euros y su marido recibe la ayuda de 420 euros hasta enero.

Cuando transcurra este tiempo y acaben las competencias del Gobierno andaluz, esta familia seguirá debiéndole al banco y con una orden de desahucio, ya que la Junta lo que ha hecho es declarar el interés social para que esta familia pueda permanecer en su vivienda durante un periodo temporal.

Actualmente existen, 130 expropiaciones en fase más o menos avanzadas, en solo tres meses en vigor de la norma, el tiempo que estuvo vivo el decreto -anterior a la ley- que fue recurrido por el Gobierno central ante el TC. Sólo 113 están listos para su envío al BOJA pero más de 500 personas ya han pedido protección bajo esta ley.