El Gobierno central ha enviado al Tribunal Constitucional para su conocimiento las discrepancias surgidas con el decreto ley de la Junta de Andalucía sobre medidas normativas para reducir las trabas administrativas a las empresas.

Antes de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, ambas administraciones se reunirán para negociar este conflicto y evitar ese recurso. Así se acordó en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en su reunión celebrada el día 24 de julio y que se difundió ayer en las publicaciones oficiales. Este acuerdo origina la designación de un grupo de trabajo para proponer a esta subcomisión la solución que proceda.

Las discrepancias del Gobierno pasan por los principales artículo del decreto ley ( del 1 al 4) , y cuestiona la potestad de la Junta para mejorar la regulación de las actividades económicas, simplificar los procedimientos de autorización que afectan a las mismas actividades económicas o la simplificación de los mecanismos de intervención para esta actividad económica.

El Gobierno duda también de que la Junta sea la competente para agilizar trámites en la autorización de instalación de máquinas recreativas, la autorización o creación de museos y colecciones museográficas, la autorización de funcionamiento de un servicio social o en diferentes apartados de la industria extractiva y las instalaciones energéticas.

Fuentes de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo confiaron ayer en que se resuelvan estas discrepancias en el grupo de trabajo, que estará activo unos seis meses.