La negativa de la Junta de Andalucía a proseguir la tramitación ambiental de los proyectos de almacenamiento de gas natural en la comarca de Doñana, que mantiene paralizado el desarrollo de estas instalaciones desde abril de 2013, no se corresponde con los informes emitidos por la propia Administración autonómica. La Consejería de Medio Ambiente aseguró hasta en tres documentos distintos que los proyectos impulsados por Petroleum Oil&Gas (filial de Gas Natural) no tienen graves afecciones sobre la Red Natura 2000 e incluso se adecuan a la Directiva Hábitats europea, que vela por la conservación de los espacios naturales incluidos en dicha red. Pero además, la Administración no alegó en ningún momento de forma oficial a la emisión de tres declaraciones de impacto ambiental (una por proyecto) y a la fórmula elegida para hacer la evaluación de las afecciones sobre el medio ambiente, algo que contrasta con la negativa de la propia Junta a tramitar la Autorización Ambiental Unificada del proyecto precisamente por considerar que no se ha analizado suficientemente el impacto conjunto de los tres planes.

Así se recoge en el escrito que el Ministerio de Medio Ambiente envió a la consejería del ramo en respuesta a la reivindicación de una nueva evaluación conjunta de los proyectos Saladillo, Marismas Oriental y Aznalcázar. Estos tres planes forman parte de un proyecto global en el que Gas Natural prevé invertir 200 millones de euros para ejecutar 14 nuevos sondeos (sólo seis de ellos en el Espacio Natural); en una primera fase se extraería el gas que aún existe en el subsuelo de Doñana para después habilitar el espacio ya vacío como almacenamiento en los casos en que éste sea posible. Un paso más después de 30 años de explotación de los yacimientos existentes.

El proyecto recibía a primeros de 2013 el aval del Ministerio con tres declaraciones de impacto ambiental positivas, pero poco después la Junta de Andalucía, que tenía que otorgar la AAU y elaborar un informe de no afección a la Red Natura 2000, devolvía el proyecto a Madrid reclamando ese nuevo estudio conjunto. Y aprovechando la coyuntura, IU, socio de gobierno del PSOE en la Administración autonómica, reclamaba la paralización total de la actividad de extracción de gas en el parque.

El Ministerio consideraba entonces en su respuesta, a la que ha tenido acceso el Grupo Joly, que "en la evaluación ambiental que se ha tramitado ya se han analizado los efectos sinérgicos y acumulativos" que el proyecto, que incluye la construcción de un gasoducto de 18 kilómetros, podría tener sobre el entorno en el que se inserta. Y además recuerda a la Consejería de Medio Ambiente que "la Junta de Andalucía ha tenido ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre los proyectos a lo largo de todo el procedimiento de evaluación ambiental sin que haya planteado objeción alguna ni respecto a la tramitación ni respecto a posibles afecciones significativas a la Red Natura 2000".

Así, según detalla el departamento de (entonces) Miguel Arias Cañete en su escrito de julio de 2013, en el inicio de la tramitación ambiental se solicitó a la Junta que informase sobre la amplitud y nivel de detalle que debía darse a los estudios de impacto ambiental y posteriormente se le preguntó expresamente por la idoneidad de la tramitación de las actuaciones, informándose de la decisión del Ministerio de acumular la gestión de los distintos proyectos "para evitar precisamente un posible fraccionamiento que impidiera una valoración conjunta de instalaciones relacionadas entre sí". A este requerimiento, apunta el Ministerio, recibió un informe en el que no se plantearon objeciones a este respecto para los proyectos y se continuó con la tramitación. Para el primero esta duró 6 años y 10 meses, mientras que los otros dos estuvieron en el Ministerio 4 años y 8 meses.

En cuanto a la medición de los impactos acumulativos, detalla el secretario de Estado de Medio Ambiente, se ha estudiado no sólo el efecto conjunto de los sondeos objeto de la declaración ambiental, sino que también se ha tenido en cuenta la existencia de otros proyectos en el entorno como las obras de la depuradora de Almonte-Rociana, la construcción de las estaciones depuradoras de Hinojos y El Rocío, la restauración del arroyo del Partido, el desdoblamiento del gasoducto Almonte-Marismas o el proyecto ya abandonado de construcción de una refinería de petróleo en Extremadura y su polémico oleoducto.

Incluso, señala el Ministerio, la Junta "ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre estos efectos acumulativos sobre los valores ambientales" de los espacios protegidos en los que se asienta el proyecto. En este sentido, recoge tres informes de diferentes departamentos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en los que se ratifica que los proyectos no plantean afecciones graves a los espacios en los que se inserta. La Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático aseveró en 2012 que "no se plantean otras objeciones a los proyectos referidos" tras los informes emitidos por el Espacio Natural de Doñana donde no se reconocían las actuaciones como incompatibles con la conservación de los valores de dicho espacio.

El departamento de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Provincial de Huelva informó que el estudio de potencial afección a hábitats comunitarios y especies amenazadas se había realizado conforme a lo exigido en la normativa europea y nacional y de dicho estudio se desprende que la afección potencial no es significativa para el deterioro del estado de conservación de la Red de Natura 2000. Incluso llega a resaltar que gran parte de las medidas correctoras y preventivas propuestas por el promotor (entre ellas la monitorización del acuífero 27) parten de evaluaciones previas "en contacto directo con el personal técnico del Espacio Natural de Doñana".

La tercera área que mostró su acuerdo con el proyecto fue la Dirección General de Espacios Naturales de la consejería, que informó que las modificaciones de trazado propuestas por el promotor "mejoran el proyecto evaluado y reducen las afecciones del mismo" en el Espacio Natural de Doñana y los espacios integrados en la Red Natura 2000.

A juicio del Ministerio "estos informes ponen de manifiesto que todas las administraciones involucradas en la evaluación ambiental de los proyectos han dispuesto de la información necesaria para valorarlos conjuntamente y teniendo en cuenta sus sinergias y efectos acumulativos". Y tras resaltar que fue la propia la Junta la que alegó que el informe de no afección a la Red Natura 2000 debía ser emitido después de la emisión de la declaración de impacto ambiental, el Gobierno concluye que correspondía a partir de ese momento "tramitar, en el caso que proceda, la Autorización Ambiental Unificada".

La Junta de Andalucía no inició ese trámite, sino que emitió la petición de un nuevo informe al Ministerio e incluso envió un requerimiento a la Comisión Europea para que aclarase si tendría un "margen de discrecionalidad" que le permitiese tener en cuenta un perjuicio al medio ambiente no contemplado en la evaluación positiva del órgano ambiental encargado de ese análisis, es decir, si puede oponerse en su AAU al dictamen del Ministerio. La Comisión respondió hace unos días que la distribución de las competencias corresponde a cada país, no entrando a valorar la suficiencia o no de la evaluación ambiental. Y en paralelo, el caso sigue en los tribunales, donde Gas Natural recurrió la decisión de la comunidad autónoma de suspender el procedimiento. En ellos reclamará a la Junta 358 millones de indemnización.