Con un paraguas en una mano y un chaquetón en la otra, accedió ayer el exalcalde José Torres Hurtado a la sala de vistas que han pisado antes que él catorce de los investigados en el denominado caso Nazarí, en el que la jueza de Instrucción 2, María Ángeles Jiménez, investiga una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Mientras el agua amenazaba con caer fuera del edificio judicial de la Caleta, el regidor aguantaba otra lluvia, de preguntas, dentro. Su interrogatorio se inició a las 10:17 horas y duró algo menos de dos horas. Salió de los juzgados a las 12:10 horas. Solo le acompañaba su abogado, Pablo Luna.

El exalcalde popular acudió trajeado a su cita con la Justicia. Atendió a la prensa frente a la puerta de entrada cuando concluyó su declaración. Decenas de informadores, entre cámaras, redactores, reporteros y fotógrafos, lo rodearon completamente. Encabezó sus palabras expresando su sorpresa ante una imputación ligada a asuntos relacionados precisamente con un sector en crisis, el urbanístico. "Quiero empezar diciendo que estoy durante este tiempo, desde que apareció esta imputación, un poco sorprendido por no decir muy sorprendido", pues el de la construcción, como recordó, es "un sector económico que está absolutamente arruinado y que no ha generado ni una sola economía positiva, y no solamente en Granada, sino en España". 

Así, tras insistir en su asombro ante el hecho de que se investigue "una supuesta trama de corrupción económica de un tema urbanístico, cuando no existe nada económicamente positivo en el urbanismo, sino todo lo contrario" y se trata de un ámbito que "está absolutamente parado", proclamó una vez más su inocencia.

La sala donde se desarrolló su interrogatorio, que como los de los demás implicados fue grabado en soporte audiovisual, se halla en la quinta planta de los juzgados, en cuyos pasillos permanecieron los periodistas armados de paciencia, libretas y grabadoras durante todo el tiempo que duró la comparecencia. El grupo de informadores era tan numeroso que fue advertido por una funcionaria del juzgado para que sus conversaciones fuesen más silenciosas.

Durante las dos horas frente al estrado, la magistrada y la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo, formularon al ex primer edil "una serie de preguntas" sobre los asuntos urbanísticos de la ciudad. "Yo he puesto de manifiesto que soy absolutamente inocente sobre este tema, porque yo en Urbanismo tengo muy poco que hacer, o he hecho muy poco, porque está todo delegado, igual que en el resto de las áreas", advirtió Torres Hurtado. "Siempre ha estado delegado y jamás he retirado la delegación, ni siquiera una vez, por lo que es un tema que está en manos de los funcionarios y el concejal o concejala correspondiente, y el alcalde ha tenido nada que hacer en este tema", añadió. 

En cuanto a su estado de ánimo ante el proceso, el exalcalde afirmó sentirse "tranquilo, muy tranquilo", aunque confesó estar "dolido por las circunstancias que se han producido", sobre todo "porque tiene poca lógica el tema". 

"Alcalde, ¿se le ha preguntado por alguna relación con alguna empresa?", fue el primer interrogante que le lanzó la prensa. "Mire, se me han hecho tantas preguntas que no voy a relatar todas, de todo tipo, y como está bajo secreto no voy a ser yo el que las desvele", contestó el exregidor. Y es que el secreto de sumario que existe en la causa, acordado el pasado 15 de enero, sigue vigente tras haber sido prorrogado ya tres veces. Se trata de una medida que tiene una duración máxima de un mes y el próximo domingo cumplirá el plazo de la tercera prórroga, por lo que en breve se sabrá si la jueza decide levantarlo o no. Aunque estaba en un principio previsto que el interrogatorio del exalcalde fuese el último, aún faltan por declarar dos investigados, cuyas comparecencias tuvieron que ser aplazadas. Estos dos investigados están citados para el día 17.

"Si yo tengo delegados todos los temas de Urbanismo; si yo no he quitado la delegación nunca; si yo no he firmado ningún decreto ni ninguna cuestión ni ninguna licencia, entre otras cosas porque son regladas; si no he participado en ninguna mesa de contratación; si yo no he tenido nada que ver en este tema, pues por eso he dicho que estoy sorprendido, bastante sorprendido", insistió el exalcalde ante los micrófonos.

Momentos antes de despedirse de los periodistas, aclaró que al haberse presentado unas denuncias, "lógicamente" el Ministerio Fiscal y la jueza tienen que investigar, "y ahora mismo -agregó- lo que estamos es en esa investigación, que estoy seguro que por lo menos en mi caso quedará en nada porque no hay nada". 

Mientras se alejaba de los juzgados y los objetivos captaban sus últimas imágenes abandonando la Caleta junto al letrado que ejercerá su defensa en el caso, Torres Hurtado recibió una última pregunta: "¿Cree que los denunciantes tendrían que ser investigados?". Su respuesta fue: "Yo creo que sí, sería bueno".

Desde el pasado 26 de abril hasta ahora han declarado 15 de los 17 implicados en la supuesta trama. Solo 16 de ellos fueron detenidos en la macrooperación policial llevada a cabo el pasado día 13 por la UDEF y el Grupo de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Hasta la fecha todos han negado ante la jueza que haya existido un contubernio. La causa, que ha costado la Alcaldía a Torres Hurtado, se originó con dos querellas de la Fiscalía por dos operaciones urbanísticas concretas: las relacionadas con el pabellón Mulhacén del Zaidín, cuyo promotor fue Roberto García Arrabal, y el Residencial Ciudad de la Luz, levantado por José Julián Romero. Ambos empresarios figuran también en el listado de investigados, así como la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, o el actual director de Obras del Consistorio, Manuel Lorente.

En el Caso Nazarí se investigan entre cinco y diez operaciones urbanística de los últimos diez años en la capital. En cuanto a los delitos apreciados de momento de forma indiciaria, ascienden a una decena: cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.