El PP-A ha advertido al consejero de Empleo, Manuel Recio, de que al anunciar un cambio en el sistema de en la concesión de ayudas a los ERE está responsabilizando de manera directa al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y a su predecesor, Manuel Chaves, a quienes ha pedido su dimisión.

En su turno de intervención tras la comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Empleo, el diputado del PP Antonio Sanz ha lamentado que el Gobierno andaluz anuncie que se va a hacer un cambio en el procedimiento y se ha mostrado seguro de que lo harán "porque le hemos pillado con las manos en la masa".

Según el parlamentario popular, las palabras de Recio suponen acusar a Griñán de "negligencia, consentimiento y participación" en este asunto de las irregularidades en las ayudas de los ERE.

"Ya sabemos por qué el señor Chaves se fue", ha dicho Antonio Sanz al inicio de su intervención, tras lo cual ha preguntado al consejero por qué centran la responsabilidad en el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, cuando se trata de un cargo público "que ustedes han mantenido durante nueve años".

Según Sanz, Recio "está acusando a sus antecesores porque reconoce que las ayudas se hicieron sin transparencia y sin publicidad. Le acaba de dar la razón a Guerrero. Hoy lo ha descubierto, se está autoacusando y está acusando directamente de gravísimas responsabilidades a Griñán y Chaves", ha destacado el dirigente del PP.

Se ha preguntado por qué no se cambió antes pese a que desde la Intervención General de la Junta se pidió hacerlo en tres informes consecutivos, y se ha mostrado convencido de que lo hace "cuando le hemos pillado con las manos en la masa".

En opinión de Sanz, la situación de Recio es "insostenible" porque cada vez que comparece "se duplica" el número de fraudes, por lo que lo único que le queda tanto a él como al presidente de la Junta es dimitir de sus cargos.

El consejero Recio había asegurado en su comparecencia que la investigación interna de la Junta de Andalucía sobre los expedientes de regulación de empleo irregulares, que está prácticamente completada, ha arrojado un total 146 casos de presuntos jubilados falsos en los 5.273 prejubilados revisados, aunque faltaría por cotejar 290 más.