HAY pactos que te salvan y otros que te hunden. Matrimonios que te mejoran o te destruyen. Las alianzas pueden ser vínculos de pura conveniencia o acuerdos sinceros. Casi ninguno es neutro. Izquierda Unida, tercera fuerza política de Andalucía, principal vencedora moral de las elecciones del pasado domingo, tiene por delante un folio en blanco. El previsible acuerdo con los socialistas para armar una mayoría capaz de gobernar la región no será nada fácil pero -salvo sorpresa mayúscula- terminará por rubricarse. Nadie lo pone en duda. Otra cuestión son sus bondades: los efectos concretos que tenga para la ciudadanía y para esta organización que, salvo coyunturas políticas muy determinadas, siempre ha jugado un papel necesario pero objetivamente secundario en el mapa político de Andalucía.

Precisamente el debate interno abierto ahora en IU consiste en cómo salvar esta cuestión: ¿pactar con el PSOE beneficia o perjudica? Como casi siempre en política, igual que en la vida, la pregunta no tiene una respuesta única. Depende. Fundamentalmente de los motivos reales merced a los cuales se suscriba dicho acuerdo. La duda no es mala -demuestra que los cargos no son el fin único- pero no puede ser eterna. Ni recurrente. Y sobre todo: debe permitir a la coalición encontrar un difícil equilibrio entre lo principal y lo secundario. De saber distinguir bien ambas cuestiones depende el éxito de la coalición con el PSOE y, igual de importante para ellos, el futuro inmediato de su organización.

el PA: el antecedente

Hay quien en IU está agitando desde hace tiempo el fantasma de lo que le ocurrió a los andalucistas cuando ayudaron a sostener a los socialistas en la Junta. Que esta discusión responda a un convencimiento mayoritario entre sus bases o sea la consecuencia de un mero afán de protagonismo personal es ya otro cantar. Lo cierto es que el PA, que gobernó con el PSOE durante dos legislaturas seguidas -1996-2004-, salió bastante mal parado de la experiencia. Terminó fuera de la Cámara andaluza. Así sigue: como una fuerza residual, sin apoyo electoral ni muchos visos de futuro. Realmente con este antecedente es para pensárselo. El éxito en política puede tornarse fracaso con demasiada facilidad. Que se lo pregunten a Arenas.

El modelo de pacto político que los socialistas y los andalucistas suscribieron durante la V y VI legislatura andaluza -tras la etapa de la pinza, que castigó especialmente a IU- se basaba en un principio simple y pragmático: votos (en el Parlamento) a cambio de consejerías, presupuesto, cargos de confianza, poder formal. Nunca hubo un principio programático común ni una coincidencia real de objetivos más allá que mantener una estabilidad que para Chaves -entonces en San Telmo- se había convertido en una obsesión. Los andalucistas, con 4 y 5 diputados respectivamente, dirigieron dos consejerías y media -la dirección de Relaciones Institucionales se engordó para cubrir sus necesidades- durante ocho años. Se sentaron en el Consejo de Gobierno con una representación electoral que ni en el mejor de los casos pasaba del 7,53% del electorado. Un éxito relativo fruto del enorme sentido de la ocasión que siempre caracterizó la carrera política de Alejandro Rojas Marcos.

Si se hiciera una traslación con los criterios de entonces en función de la representación actual de IU, el resultado sería que los socialistas tendrían que cederle a la coalición de izquierdas entre cuatro y seis consejerías. Dependiendo de si la regla de tres se hace en base al respaldo electoral -IU tiene el 11,30% de los votos en Andalucía- o al número exacto de diputados (12). Incluso si sólo se tuvieran en cuenta los escaños que el PSOE necesita de IU para tener la mayoría de la cámara -ocho- la cuenta no bajaría de las seis carteras de gobierno. ¿Demasiada cuota en un futuro Gobierno que forzosamente tendrá que ser reducido?

La situación actual no es tan simple. Tampoco el punto de partida de IU es el mismo del PA: la coalición de izquierdas es una organización más longeva que los andalucistas, que prácticamente fueron una franquicia política abierta a cualquier alianza, y sus resultados en las autonómicas son mejores. Han pasado de ser un aderezo a convertirse en el centro del mapa político. Un éxito, sí, pero también una hoja de dos filos.

El análisis, sin embargo, adopta otro prisma diferente si se tiene en cuenta que, con independencia de lo que resulte del obligado proceso de debate interno (el voto de las bases), el punto inicial de negociación de la organización que lidera Diego Valderas no son los cargos -eso, al menos, dicen- sino las políticas. El programa. Los proyectos. Uno de los clásicos mensajes de la coalición desde los tiempos de Anguita.

Claro que esta tesis del programa es relativa. El corpus ideológico de IU es prolijo -sus programas suelen ser libros, lejos de los folletos de otros partidos- aunque Valderas ya ha resumido casi todo lo básico en un contrato -con notario incluido- que ha puesto a disposición de aquellas fuerzas políticas que reclamen su colaboración parlamentaria. Hasta ahora el único mensaje ha sido que IU contribuirá a que se investigue el caso de los ERE irregulares y será beligerante frente a la corrupción.

Los socialistas, que desde la misma noche electoral ya contaban como propios los votos de la coalición -una costumbre fruto del paternalismo con el que el PSOE siempre ha concebido sus relaciones con IU-, barajan distintas fórmulas de colaboración. Todas son superficiales: la presidencia del Parlamento, un número indeterminado de consejerías menores y algún que otro gesto que permita a Izquierda Unida marcar el acento de la nueva etapa. Poco más. ¿Es suficiente? Se verá. Lo cierto es que la coalición de izquierdas tiene por delante una oportunidad histórica si es capaz de impulsar -en el tiempo- la génesis de un proceso de regeneración democrática más que necesario en la política andaluza. Algo que debería plasmarse en un nuevo sistema parlamentario de control sobre las políticas de la Junta -una especie de comité bicolor- y otras fórmulas jurídicas para que el sistema autonómico genere sus propias defensas ante la corrupción. No basta con comisiones de investigación. Es preciso un instrumento parlamentario válido para definir las responsabilidades políticas -con independencia de las judiciales- en los casos de irregularidades. Mecanismos que impidan que ciertos usos y costumbres de treinta años de Gobierno socialista terminen contaminándoles.

la vía reformista

Las opciones de IU pasan más por el reformismo -en el contexto andaluz sería prácticamente una revolución de terciopelo- que por la desfasada vía revolucionaria, entendida ésta como la reivindicación de ciertas cuestiones históricas discutibles y muy superadas por el tiempo. Si IU es capaz, como ha hecho internamente el movimiento civil del 15-M, de pactar con los socialistas un decálogo de acuerdos mínimos para un verdadero impulso democrático y de transparencia -aceptable por las clases medias- estarían logrando un doble objetivo: mejorar la democracia, un bien de todos, no partidario, y al mismo tiempo desmontar con hechos reales la previsible caricatura con la que -no hay que dudarlo- el mundo sociológico del PP en Andalucía va a iniciar ya una operación a largo plazo para desgastar a la coalición autonómica PSOE-IU antes incluso de empezar a gobernar.

El gran problema, visto desde su orilla, no es tanto la relación con los socialistas. Es la incógnita de si en la coalición existe una conciencia real sobre los peligros de la cohabitación. IU tiene su gran talón de Aquiles en su tobillo: los sectores que, como ya se vio en el caso del Ayuntamiento de Sevilla, gobiernan más en función de una patológica necesidad de reafirmación ideológica -innecesaria, y que no crea más que conflictos- que con sentido común. No se trata de renunciar a la ideología, que en democracia es tan lícita como la del PP. Se trata de distinguir cuáles son las verdaderas prioridades sociales, más allá de las partidarias. ¿La reforma agraria, un clásico de la autonomía, o la creación de empleo? ¿Que los ciudadanos vuelvan a confiar en la democracia o los sillones? El inesperado rédito electoral no debería nublarles la vista: un respaldo del 11,3%, con independencia de su importancia estratégica (fruto del contexto, que cambiará sin remedio), no parece ser aval suficiente para imponer determinadas políticas a toda la sociedad. En cambio, sí parece útil para poder impulsar una renovación tan urgente como necesaria. De ellos depende. Tanto su éxito como su fracaso.