La joya renacentista del Campus Antonio Machado de la UNIA de Baeza (Jaén), acogió ayer la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, lugar donde fue debatido el papel de las diputaciones ante la coordinación del ciclo integral del agua.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, pronunció la conferencia inaugural, en la que puso de relieve el futuro del agua en España de cara a los próximos 30 años subrayando el debate entre la gestión pública o privada de los recursos.

"Hablamos de agua, de un elemento estratégico que ya está siendo objeto de todo tipo de especulaciones a nivel mundial, como bien lo atestigua el fenómeno conocido como el acaparamiento de tierras", expresó Villalobos, para quien ese acaparamiento lleva consigo el consecuente acaparamiento del agua del subsuelo a manos de grandes multinacionales.

El mandatario provincial lanzó la pregunta de por qué ahora "nos volvemos a cuestionar por el papel de las diputaciones ante el ciclo integral del agua en municipios menores de 20.000 habitantes. Explicó que, "como todos sabemos" la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local modifica el papel de las diputaciones para convertirlas en entidades fiscalizadoras -en el caso de los planes económico financieros- y en órgano tutor de los Ayuntamientos.

Así, Villalobos explicó que en lo que respecta a órgano tutor, a fecha de 1 de noviembre, dentro de unos meses y si el "galimatías normativo" y el Tribunal Constitucional no lo impiden, todos los Ayuntamientos deberán publicar el coste efectivo de sus servicios. Es decir, deberán hacer público cuánto les cuesta prestar éste o aquél servicio a sus vecinos, para la "burda" comparación y el consiguiente "escarnio" frente a otros Consistorios.

El segundo objetivo de la Reforma Local es que, una vez que se publica ese coste efectivo, si el mismo está por debajo de la media, lo podrá seguir prestando el municipio. Pero si ese coste es superior al de la media de los Ayuntamientos en esos tramos de población, la ley obliga a la diputación de turno a asumir esa competencia. Y eso lo puede hacer la entidad provincial, bien por prestación directa o por prestación consorciada. Para Fernando Rodríguez Villalobos, con la ley en la mano "nos tocará ser los guardianes del coste efectivo del servicio de suministro y depuración de aguas en los pueblos de la provincia. Desde nuestra visión municipalista -argumentó el responsable provincial-, es cierto que debemos cumplir ratios y exigirnos una gestión eficiente". Pero por encima de todo, "las personas deben ser y continuar siendo el centro de nuestras políticas hídricas". Nuestra gestión debe ser una gestión centrada en las personas, no en el coste", enfatizó.

Regulación y Concertación. El presidente de la Diputación expresó que regulación y concertación son los dos pilares del nuevo modelo municipalista para la gestión del agua. Hay que coordinar para regular la prestación del servicio en clave pública y, desde ahí, garantizar el agua a 'nuestros' vecinos. Y eso se debe hacer, además, desde el plano de la concertación, de la horizontalidad política y el permanente diálogo con los Ayuntamientos, explicó, y resaltó que lo más importante no es a cuánto prestamos el servicio, sino cómo y bajo qué estándares ofrecemos ese servicio a unos ciudadanos que, en principio, no deben ser discriminados en calidad del agua por el solo hecho de vivir en un pueblo o en otro, en una comarca u otra, en una provincia u otra.

Otro prisma para abordar el agua.Villalobos expuso que las diputaciones "somos piezas fundamentales" en el entramado público que vele por el buen servicio a los ciudadanos en abastecimiento y depuración de aguas. "Debemos ir hacia la responsabilidad compartida en la regulación. O lo que es lo mismo, compartir la responsabilidad a la hora de regular la prestación de un servicio para garantizar un derecho humano como el agua".

Se trata, en definitiva, como explicó, "hacer descansar la malla pública de las instituciones la regulación de todo los relacionado con el hecho de abastecer y depurar las aguas de nuestros municipios".

Las Diputaciones "tenemos que ser piezas claves en la malla reguladora en materia hídrica: concertando con los Ayuntamientos la manera de abordar esta cuestión; homogeneizando pautas de acción con el resto de diputaciones para, una vez alcanzadas, canalizar las directrices hacia el Gobierno autonómico y plantear así una cohesión hídrica de ámbito regional para el abastecimiento y saneamiento, expuso Villalobos.

Y, desde ahí, "ya sabrá nuestro Gobierno andaluz plantear y consensuar, a su vez, una estrategia nacional de abastecimiento y depuración. Desde lo público, "conseguiremos regular para todos igual y alcanzar estándares óptimos de calidad en el servicio".

Sobre la empresa privada, Villalobos abogó por su participación mediante contratos de servicios, sin cuestionar la gestión pública.

Como colofón a su intervención, el presidente de la Diputación expresó que para afrontar con éxito este reto, su propuesta es colocar a las Diputaciones, concertadas con ayuntamientos, diputaciones, consorcios y mancomunidades, como garantes del derecho humano al agua que tienen los vecinos de los pueblos de toda Andalucía y de España entera.