Diputación

Los ayuntamientos demandan una actualización catastral

  • OPAEF. La Diputación firma un nuevo acuerdo con la Dirección General del Catastro que incluye la actualización de orden físico y económico sobre los dominios rústicos.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha firmado el nuevo convenio que regirá a partir de ahora las gestiones catastrales que el OPAEF desarrolla en la provincia. En un acto junto a la directora general del Catastro, Belén Navarro, el mandatario provincial ha destacado "las actualizaciones del padrón catastral como una de los servicios más demandados por los Ayuntamientos al Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal".

Después de más de 20 años de colaboración con la Dirección General del Catastro, con acuerdos suscritos en 1992 y en el 2000, la Institución Provincial renueva ahora los contenidos de esta cooperación interadministrativa para sumar un nuevo servicio, la actualización de orden físico y económico sobre los dominios rústicos.

"A partir de ahora, el OPAEF podrá continuar su labor de actualización y actuar también sobre las fincas rústicas, actualizando los cambios de orden físico y económico producidas en las mismas, como ampliaciones o segregaciones, entre otras; es una colaboración fundamental, sobre todo en el actual momento económico, para combatir el fraude fiscal", ha explicado el presidente de la Diputación de Sevilla.

Villalobos ha concretado las consecuencias directas de este nuevo acuerdo al afirmar que "el documento que firmamos tendrá una doble repercusión sobre los ayuntamientos de la provincia de Sevilla; en primer lugar, porque supone una actualización permanente del padrón de bienes inmuebles, muy importante en la gestión diaria para una Administración por la eficiencia y el ahorro de gestiones administrativas que supone; y en segundo lugar, porque beneficiará a las arcas municipales, ya que las alteraciones físicas y económicas actualizan los tributos con los que ese inmueble ha de contribuir a su ayuntamiento".

Por su parte, la directora general del Catastro, Belén Navarro, ha puesto el acento en "el acercamiento de la información a la ciudadanía que se consigue con esta colaboración, mediante los servicios que presta el OPAEF a los ayuntamientos, para facilitar la actualización de todos los inmuebles, una gestión que en muchas ocasiones no se lleva a cabo por mero desconocimiento".

Navarro ha comentado que con este acuerdo "se actúa sobre unos 500.000 inmuebles de la provincia, casi el cincuenta por ciento del total que existen en este territorio".

Gestión catastral. El mandatario provincial ha desgranado algunos datos de la gestión en materia catastral que ha desarrollado el OPAEF desde 2002, "datos que son los que han hecho posible -ha dicho- la renovación y ampliación del acuerdo". Según ha comentado, "en gestión catastral, el OPAEF ha resuelto un total de 210.090 alteraciones de orden jurídico desde 2002, además de resolución de recursos interpuestos y tareas de información y asistencia a los ciudadanos en esta materia".

En relación con la encomienda de funciones de gestión catastral, ha destacado que "el Organismo ha actualizado hasta el 30 de junio de 2014 más de 170 mil unidades urbanas (170.573 en concreto), bien por nueva construcción o por alteraciones no declaradas".

Villalobos ha subrayado sobre todo la consecuencia de estas tareas respecto a la tributación local, ya que estas actuaciones han supuesto, "la actualización de los padrones del IBI y un incremento del Padrón Cobratorio en los municipios".

"Es decir, mayores ingresos para las arcas municipales. Porque se han practicado más de 362.000 liquidaciones hasta 2013 (en concreto 362.735 liquidaciones), con una cuota de cerca de 70 millones de euros de ingresos para los ayuntamientos. Son 70 millones a los que se suma el efecto anual (actualización anual) que consolida nuevos ingresos para los ayuntamientos", ha concluido el presidente de la Diputación de Sevilla.

Por último, Villalobos ha señalado la necesidad de la colaboración entre administraciones, "y más en esta materia por una cuestión, sobre todo, de justicia social, actuando sobre el fraude y evitando con ello subir los impuestos a la ciudadanía en general".

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