El sector del agua en España se encuentra en una encrucijada, con un modelo que presenta síntomas de agotamiento. El bien es cada vez más escaso: el territorio en riesgo de desertificación ha pasado del 31% en 2003 al 40% en 2013. Las inversiones en redes de distribución cayeron un 19% entre 2007 y 2010, y previsiblemente siguieron bajando en los años siguientes; y las pérdidas por agua se han incrementado del 24 al 25,9% en el mismo periodo. Las tarifas no dan para sostener los costes de operación y mantenimiento. España es uno de los países donde el producto es más barato (ver gráfico) y el farolillo rojo en cuanto a recuperación de costes generados. Además, no hay unidad de mercado. Cada municipio o agrupación de municipios fija su propia tarifa, con su propio criterio, lo que lleva a una gran diferencia de precios entre territorios muchas veces sin razón para ello. Y cada comunidad autónoma tiene su propio criterio respecto a los cánones que aplican, de tal forma que en algunos casos no hay ninguno y en otros hasta tres; por no hablar de las diferentes cuantías que paga el usuario por este concepto en función de dónde se resida.

Por último, España no cumple la legislación comunitaria en materia de depuración. Sólo el 32% de los municipios mayores de 10.000 habitantes cuenta con las infraestructuras que exige la UE. Y no parece que el actual ritmo inversor vaya a resolver el problema.

Este es, grosso modo, el diagnóstico que ofrece la consultora PwC en el informe La gestión del agua en España, análisis de la situación actual y retos futuros, patrocinado por Acciona. En él no sólo se detallan los déficits del sector, sino que se expone una hoja de ruta para reformar un modelo que mueve 12.800 millones de euros al año. El planteamiento es el de conformar un nuevo marco regulatorio que permita la atracción de inversiones, la sostenibilidad ambiental y la eficiencia en la gestión.

Se trata, en esencia, de hacer más claro el sistema. Y para ello PwC parte de la necesidad de implantar una "metodología nacional de obligado cumplimiento para el cálculo de las tarifas urbanas". Para su correcta implantación, el informe apuesta por incentivos económicos a los municipios que la apliquen; por una definición clara de competencias que facilite las agrupaciones supramunicipales, ya que las economías de escala suelen conducir a una mayor eficiencia; por incrementar las competencias de las comisiones de precios de las autonomías, para que se conviertan en organismos controladores y no sólo se limiten a un papel verificador; y por la separación "jurídica, funcional y contable" de las sociedades que gestionan el agua si éstas se dedican a distintas actividades, como distribución o saneamiento. Así se evitarían "subvenciones cruzadas" y además se tendría la seguridad de que los recursos obtenidos se destinan al fin prefijado.

La unidad de mercado traería, necesariamente, la creación de un organismo nuevo que desarrollaría la metodología, emitiría informes vinculantes y ejercería de árbitro, del mismo modo que sucede en el sector de la energía o en el de las telecomunicaciones. El informe considera "conveniente" que esta nueva institución pueda, también, imponer sanciones por el incumplimiento de la metodología.

PwC también apunta hacia la potenciación de la colaboración público-privada como pilar de este nuevo modelo, más atento a la sostenibilidad económica y medioambiental. Con ello, argumenta PwC se reduce el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas -ya que la financiación del proyecto es acometida por la iniciativa privada- y se mejora la eficiencia.

El informe calcula que "la introducción de un marco estable y predecible" situará las inversiones hasta 2020 en 15.700 millones, 13.700 para saneamiento y 2.000 para el abastecimiento. Ello generaría un incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de 12.600 millones de euros, con repercusión sobre todo en la construcción (2.900 millones) y en la fabricación de maquinaria y equipo mecánico (2.600 millones). Se crearían, además, 23.700 empleos (también, sobre todo, en construcción y fabricación de maquinaria) y la recaudación fiscal se situaría en 6.900 millones.

Como consecuencia de las inversiones, afirma PwC, disminuirían las pérdidas de agua y el servicio tendría un menor coste, lo que redundaría en un importante ahorro. Además, la nueva metodología debe acercar el precio para el consumidor al coste real del abastecimiento, dado que se trata de un "bien económico escaso de creciente valor". El estudio señala, en concreto, que "los precios han de ser una señal de los costes reales en que se incurren para proveer de agua a los consumidores", sin que ello sea óbice para "estructurar las tarifas de manera que los usuarios con menor poder adquisitivo tengan acceso al servicio". La adaptación de los costes al precio final también generaría un ahorro para el sistema, que, sumado a la mejora de la eficiencia, se calcula en 13.300 millones.