"El modelo clásico de obra pública, en el que la Administración es la que aporta el dinero, está muerto". Así de rotundo se muestra Francisco Fernández, experto en contratación pública y director general de la empresa de gestión de inversiones Consea. En su libro La colaboración público-privada. Su aplicación práctica (Hispalex) explica que este modelo es el futuro, no sólo para carreteras y transporte. También para la explotación de edificios administrativos, hospitales, residencias para mayores, e incluso centros culturales.

"Para reactivar la obra pública la única fórmula que se puede usar es acometer proyectos con capital privado; nuestra legislación lo permite con determinadas reglas", afirma Fernández, que precisa que el marco legal en España es el adecuado: "La legislación de contratos es técnicamente muy perfecta. Hay una percepción de distanciamiento entre la Administración pública y el sector privado, pero la ley no lo percibe así".

Para Fernández, "el sector público no está concienciado, y prefiere aplazar proyectos que tratar de buscar medios alternativos de financiación". Un ejemplo, afirma, es el abandono de edificios civiles, en algunos casos emblemáticos, que no se terminan de vender. "No se piensa en clave de colaboración con el sector privado. Se podría llegar a un acuerdo de explotación y todos contentos".

Además de voluntad, "falta formación entre los propios técnicos de la Administración", que desconfían del sector privado y no se preocupan en muchos casos de "investigar y crear fórmulas diferentes", especialmente en ayuntamientos. Gran parte del problema de la falta de depuradoras se podría solucionar "llegando a un pacto con un privado".

El recelo y la desinformación de lo público lleva al sector privado a un cierto desconcierto. "Como la Administración no está siendo proactiva, no logra enamorar al capital, que no sabe por donde empezar. Hay mucha incertidumbre, una sensación de provisionalidad, y eso hace daño a las inversiones". A pesar de las bondades de la legislación, hay casos en España en que "por la vía de los hechos" la Administración se desentiende "de proyectos ya ejecutados".

Fernández pone sus esperanzas en la reciente directiva europea -todavía no transpuesta-, que incorpora "mecanismos de reputación" en los licitadores, que de alguna premien "a los que ejecutan bien las obras, conforme a unos estándares de calidad que se han perdido". Además, refuerza "el principio de utilidad". La UE plantea que, antes de iniciar una obra se realice un análisis "de cómo repercute en el bienestar general, en el que participen los propios ciudadanos". Hasta ahora, afirma, ha primado la voluntad política y "se han ejecutado grandes infraestructuras que no han servido". También se incide en la necesidad de hacer participar en el modelo a las pymes, que normalmente tienen más dificultades para acceder a financiación que medianas y grandes empresas. Para estos casos Francisco Fernández piensa en los ayuntamientos y en servicios como la gestión de wifi, tanatorios, residuos, espacios públicos, etc.

Fernández cree que buena parte de los fracasos de la colaboración público-privada en España -por ejemplo, las autopistas de peaje- han tenido mucho que ver con una mala planificación. "Ahí no se usó bien la figura del anteproyecto o análisis de necesidades", por una visión cortoplacista. "Hace falta un pacto de los principales partidos políticos para la planificación de determinadas estructuras vitales, porque al final lo que se hace es parchear cada cuatro años". Hay que tener presente que la colaboración público-privada implica una visión a muy largo plazo, ya que los contratos se prolongan en el tiempo. De ahí que sea tan importante el proceso de adjudicación: desde el anteproyecto de necesidades hasta la adjudicación, pasando por la licitación, la financiación del proyecto, el diálogo competitivo -en el que la Administración "moldea sus necesidades" tratando con los ofertantes y las fórmulas de retorno de la inversión. Fernández pone algún ejemplo en España de "proyecto de éxito", como es el caso del metro de Sevilla. En general, aquí ha funcionado mejor la gestión de edificios administrativos y hospitales que la de carreteras y autovías.

El directivo también es consciente del temor ciudadano a que el actor privado busque maximizar el beneficio en detrimento del servicio público. De ello, afirma, también es responsable la Administración, "con un control estricto de que los estándares de calidad se cumplen". "Lo que ocurre es que hay un relajamiento en la supervisión última de determinados servicios públicos, y el ciudadano puede tener la percepción de que no hay una garantía última del servicio". Fernández se refiere al Reino Unido como ejemplo de buen funcionamiento, "donde los servicios públicos esenciales están centralizados en agencias participadas por operadores privados".