El Gobierno ha asegurado este viernes que la investigación abierta a Rodrigo Rato demuestra que la "ley es igual para todos" y que las "instituciones funcionan", con "independencia de que haya o no elecciones". Además, ha recalcado que se trata de un "asunto particular" y lo ha desvinculado de su etapa como cargo público en el Ejecutivo de José María Aznar. Así lo han asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde casi todas las preguntas han estado relacionadas con el caso Rato.

Sáenz de Santamaría ha explicado que la Agencia Tributaria lleva a cabo esa investigación "como consecuencia de sus actividades privadas" y no por hechos relacionados con un cargo público que ya no tiene. "Estamos ante un asunto particular", ha abundado, al tiempo que ha dicho que el Gobierno "no interfiere" sino que lo que hace es "aplicar estrictamente la ley". Ante la exigencia de explicaciones al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que demanda la oposición, la vicepresidenta ha indicado que el martes comparecerá en el Congreso el director de la AEAT, Santiago Menéndez.

Montoro vincula el caso Rato a la declaración de bienes en el exterior

Por su parte, Montoro ha asegurado que la investigación a Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero. Así lo ha dicho Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que este cambio normativo, que entró en vigor en 2013, ha permitido aflorar mucho patrimonio que hasta ahora no se conocía y que estaba residenciado en el exterior.

La nueva obligación de declarar cuentas y bienes en el extranjero contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado y no supone ningún pago adicional de impuestos, sino que se trata de una mera declaración informativa, con el fin de estrechar el cerco sobre los contribuyentes que tienen bienes en el extranjero sin declarar. De esta forma, si la Agencia Tributaria descubre que un contribuyente no ha informado de una cuenta en el extranjero, imputará ese bien como ganancia patrimonial en el IRPF y, además, aunque esta cuenta se hubiera abierto en un ejercicio fiscal ya prescrito, no se considerará como tal y se girará la declaración y la sanción correspondiente al último periodo impositivo que no haya prescrito.

De acuerdo con la nueva obligación fiscal quienes posean cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España deberán presentar, por medios telemáticos, el modelo 720 de Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero, con la limitación de que el valor del bien en concreto supere los 50.000 euros. Así, deberán ser declarados todas las cuentas situadas en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero. En cualquier caso, el titular de la cartera de Hacienda ha asegurado que la información que se está conociendo sobre la investigación de Rato ha sido posible gracias a "la sucesión y eficacia" de las normas que ha puesto en marcha el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude.

Por otro lado, Montoro ha recordado que la ley es "igual para todos" y que la Agencia Tributaria actúa "con independencia y firmeza". "Da igual la pertenencia a un partido o no", ha señalado, tras asegurar que todas las personas deben ser iguales ante la ley y que ese debe ser un principio que debe preservar y hacer cumplir cualquier Gobierno. "Cuándo se pregunta por el color político no lo entiendo bien", ha señalado el ministro, tras insistir en que da igual el relieve social o político y el poder económico de cualquier eventual defraudador. Además, ha reiterado que la Agencia Tributaria es "completamente independiente en sus actuaciones" y trabaja con una "eficacia" que todo el mundo debería "celebrar y valorar".

Montoro ha asegurado también que España vive una época de "extraordinarios avances" en la lucha contra el fraude fiscal y que nunca se ha vivido un periodo tan positivo en este sentido. "Si hay una persona que no ha declarado correctamente tiene poco tiempo para hacerlo", ha indicado, tras asegurar que "la eficacia y la exigencia de lo procedimientos" es cada vez más manifiesta. Sobre la sensación personal que le genera la investigación sobre Rato, Montoro ha dicho que está en el cargo no para expresar "sensaciones personales", sino para aplicar la ley.

705 investigados

Preguntado por los 705 contribuyentes investigados por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), entre los que se encuentra el también ex director gerente del FMI, Montoro ha asegurado que la actual ley "prohíbe" hacer pública la lista e incluso que él mismo desconoce quiénes la componen. Según Montoro, "quienes así lo proclaman" deberían ser "más precisos", porque el ministro de Hacienda "no tiene potestad para hacerlo". "Esto no ocurre en ningún país del mundo; le pido a la oposición que sitúe los debates donde debe", ha añadido.

Montoro ha explicado que la reforma de la Ley tributaria, que este viernes ha aprobado el Gobierno para publicar la lista de morosos y defraudadores con Hacienda, llegará al Parlamento y allí se podrá ver si el PSOE está de acuerdo en levantar la confidencialidad de los datos tributarios, en qué grado y para qué contribuyentes. Dicho esto, ha afirmado "no tener en la cabeza" quienes componen la lista de 705 declarantes investigados por el Sepblac y, preguntado por el procedimiento seguido por la Agencia Tributaria con Rodrigo Rato, ha afirmado que se trata de un proceso "ordinario" y que los funcionarios de Vigilancia Aduanera actúan como policía judicial "con mucha frecuencia" y cuando el juez así lo determina. "Cuando lo ven en una foto, parece como un hecho extraordinario, pero no es así, no están actuando (los funcionarios de Vigilancia Aduanera) como una policía fiscal a las órdenes de la Agencia Tributaria", ha indicado Montoro, tras insistir en que se trata de un proceso judicial abierto que se debe respetar en términos de confidencialidad.

Montoro ha asegurado que en todos los países civilizados la confidencialidad de los datos tributarios es "total" y que ahora el Gobierno ha decidido levantarla "parcialmente" para publicar la lista de morosos y defraudadores con Hacienda.