La mejora en la lucha contra el contrabando de labores de tabaco permitió que ese tráfico ilícito bajase un 2,4% en primer semestre de este año respecto hace un año y se situase en un todavía preocupante 8,2% del mercado de cigarrillos. La reducción es paulatina, pues a finales de 2014 era 4,3 puntos más alto. Este dato del peso relativo del tráfico ilegal de cigarrillos fue desvelado ayer por el presidente de Altadis, Juan Arrizabalaga, durante su discurso de apertura del II Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, celebrado ayer en Sevilla bajo el patrocinio de la filial española de Imperial Tobacco. Como adelantó en una entrevista concedida la víspera a este diario, Arrizabalaga explicó que el descenso se debe a la conjunción de un más eficaz control de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, la estabilidad de la fiscalidad y las concienciación contra esta práctica, que tiene consencuencias económicas y para la salud.

Respecto a Andalucía, el contrabando ha bajado de manera mucho más acusada que en el conjunto de España: del 34,6% del mercado que representaba en junio de 2015 al 25,3% con que cerró el primer semestre de este año, según los datos recopilados por Ipsos. Esta fuerte mejora no oculta que uno de cada cuatro paquetes de tabaco tiene procedencia ilegal en nuestra comunidad, que se sitúa a gran distancia de las demás, ya que todas están por debajo del 10%. "El 90% del tabaco intervenido en España se incauta en Andalucía", según reveló el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

El presidente de Altadis, al igual que en la entrevista, incidió en la preocupación creciente porque haya un trasvase del contrabando de cigarrillos al de tabaco picado, cuya venta se ha disparado en internet, según reconoció ante los asistentes al Congreso, en gran parte estanqueros.

La primera de las mesas redondas de la jornada insistió en esta materia y puso de manifiesto el problema que supone que el excdente de la cosecha de tabaco que no es comprado por la industria acabe vendiéndose de manera ilegal y sin los controles necesarios. Este problema fue abordado por representantes de la Asministración, de la Compañía Española de Tabaco en Rama (Cetarsa), de mayoría de capital público y participada Altadis.