Al grano: el último documento presentado por el Gobierno a los agentes sociales introduce alguna novedad que merece cierta pedagogía previa. Aclarar la tipología de los despidos, principalmente. Los hay disciplinarios -por pegar al jefe o llegar tarde, por ejemplo- y objetivos -reducciones de plantilla-. A posteriori, ambos pueden ser nulos, procedentes o improcedentes. En el primer caso, el trabajador recupera su puesto. Si es disciplinario y el juez de lo Social determina que procedía echarlo, tampoco se lleva un euro. Pero si lo estima improcedente, el empresario tiene dos salidas. O readmite al afectado o le paga 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades, firmase o no un contrato de fomento.

Si se trata de una expulsión por causas objetivas, cabe también la nulidad (con idénticas consecuencias). Un despido procedente se retribuirá con 20 días y hasta 12 mensualidades. Y uno improcedente con la readmisión, los citados 45 días/42 meses o, en el caso de un contrato de fomento, con 33 días por año. Al parecer, el Ejecutivo pretende aplicar la fórmula de los 33 días siempre. Y ello supone, de hecho, abaratar el despido.

Una nebulosa se cierne sobre el llamado modelo austriaco, que se utilizaría en España "parcialmente". Consiste éste en que las empresas aportan un determinado porcentaje -cuya cuantía dependerá de cómo se configure el modelo- a un fondo indemnizatorio que permitiría al empleado cambiar de compañía sin perder su antigüedad en el cómputo del despido. Esta herramienta alienta la movilidad, pero encarece las cotizaciones de las firmas con pocos despidos y, más grave aún, podría lastrar al mercado laboral con otra dualidad (añadida a la clásica fijos-temporales) si sólo se aplica a las nuevas contrataciones. No queda claro, por último, si el empleado debe destinar una parte de su sueldo al fondo.

Insinúa asimismo el documento que se ahorre a las empresas excepcionalmente "parte de los costes (...) de los despidos". Sugiere el Ejecutivo que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) asuma el 40% de ese coste... pero es que el Fogasa se nutre precisamente de las aportaciones del sector privado.