El alcalde de Lora del Río, el socialista Francisco Javier Reinoso, y el interventor del Ayuntamiento, Manuel Ramos, han defendido ante el Juzgado mixto número 2 de dicho municipio que la decisión "verbal" adoptada en 2005 para dejar de satisfacer las cuotas de una operación crediticia firmada en 1986 con el Banco de Crédito Español derivó de una "actualización" económica, según la cual, mediaría ya entonces un "exceso de pago" de 399.000 euros. El citado informe técnico, no obstante, no incluía recomendación alguna para la suspensión de los pagos, según admite el interventor.

Tanto el alcalde, como el interventor general del Ayuntamiento prestaron declaración como imputados ante la citada instancia judicial el pasado 29 de julio, según sus actas de comparecencia, recogidas por Europa Press. Para explicar los hechos en cuestión, recordemos que fue en 1986 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río aprobó una operación crediticia valorada en 117 millones de pesetas, 703.184,6 euros corrientes. El 28 de octubre de 1986, el crédito fue suscrito con el Banco Español de Crédito, pero en 1992, fecha de vencimiento del crédito, la operación había derivado en una deuda de 790.330,92 euros a cuenta del "impago" de las cuotas y sus intereses de demora.

Aunque el Ayuntamiento y la entidad bancaria acordaron una refinanciación de esta deuda, dicha operación fue incluida en un "saneamiento de activos tóxicos" promovido por el Fondo de Garantía de Depósitos a cuenta de la intervención de la citada entidad bancaria a manos del Banco de España. Finalmente, en febrero de 2005, el Consistorio dejó de satisfacer la deuda debido a las "dudas" que rodeaban a la operación en cuestión dada la intervención del Banco de España.

El Banco Español de Crédito, no obstante, reclamó por la vía Contencioso Administrativa "el capital pendiente", que en 2006 se elevaba a 517.920,53 euros. Primero el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Lora del Río, y luego la Audiencia Provincial, condenaron al Ayuntamiento al pago de esta cuantía, sus intereses de demora y las cosas del procedimiento judicial, lo que se traduce en un total de 885.569,21 euros. A cuenta del pronunciamiento judicial, el Ayuntamiento de Lora del Río aprobó en 2011 una modificación presupuestaria de urgencia valorada en 885.569,21 euros.