Los trabajadores sociales de los municipios de Sevilla realizaron en 2013 más de un millar de consultas sobre asuntos relacionados con la Ley de Extranjería a la abogada especializada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que, gracias a un acuerdo que la Diputación tiene desde 2002, presta asesoramiento telefónico directo sobre esos casos. Las consultas, el cien por cien de las cuales se atienden, proceden sobre todo de los pueblos que cuentan con más población inmigrante censada -en el Aljarafe y zonas agrícolas de La Vega- y la crisis se ha dejado notar en ellas.

Según Mercedes Alconada, la letrada que atiende el servicio, hace unos años el grueso de los asesoramientos se centraban en los trámites para obtener el permiso de residencia. Ahora, tienen que ver, fundamentalmente, con su renovación, ya que los inmigrantes, los primeros afectados por la crisis, tienen más problemas para trabajar lo mínimo que se les exige para hacerlo. También se consulta más sobre cómo obtener la residencia por otras vías, como el arraigo social o familiar. Además, han crecido las consultas sobre cómo lograr la residencia de larga duración de la UE, con el objetivo de poder trabajar en otros países comunitarios. Pese a todo, son pocos los casos en los que la consulta tiene que ver con el retorno al país de origen.

Alconada recuerda que para que un inmigrante pueda obtener el permiso de residencia, que tiene un periodo de validez anual o bianual, debe acreditar que ha trabajado un mínimo de seis meses o un año, respectivamente. Hay excepciones, en las que se puede renovar con tres meses, pero con requisitos adicionales, como estar inscrito en la oficina de empleo, certificar que se han hecho cursos o que se tiene un contrato en vigor en el momento de la renovación, entre otros. Y no es fácil con las elevadas tasas de desempleo. De ahí las consultas por intentar obtener la tarjeta por arraigo social y familiar o el citado permiso para poder moverse por otros países.

Durante el año pasado, este tipo de consultas se incrementaron entre un 10 y 15% y centraron también las preguntas de los trabajadores sociales y otros responsables del servicio en ayuntamientos de la provincia que asistieron a unas jornadas -las séptimas ya- que se han celebrado hace unos días en la Diputación. Según la letrada, la población inmigrante se asienta en los territorios en función de los trabajos que ocupa. Así, en el Aljarafe destaca la colonia de suramericanos, porque las mujeres de estos países buscan y hallan trabajo sobre todo en servicio doméstico y en zonas urbanas. Ya en Pilas y en la comarca de la Vega (Cantillana, Brenes, Lora, entre otras poblaciones), destaca la población de origen marroquí o rumana, que trabaja en tareas agrícolas.

Según los responsables de CEAR, la mayoría de los inmigrantes terminan asentándose en municipios por dos razones. Por un lado, está el menor precio de la vivienda y, por otro, el que encuentran más facilidades para integrarse, para informarse y recibir apoyo de los servicios sociales de los ayuntamientos. En la actualidad, hay unos 50.000 inmigrantes empadronados en municipios de la provincia.

A las jornadas de Diputación asistieron también el delegado de CEAR en el Sur Occidental Ceuta y Melilla, José Carlos Budia, y la abogada Lourdes Navarro, quienes pusieron de relieve otros datos que manejan ya directamente desde la entidad. Así, destacaron que durante el año 2013 se ha producido en Sevilla un aumento muy importante del número de saharauis que han hecho consultas para obtener protección internacional, el llamado estatuto de apátrida, que conlleva un permiso de residencia de cinco años con autorización para trabajar. Ello se ha producido después de que en junio de 2013 el Tribunal Supremo les haya reconocido un derecho que hasta ahora se le denegaba sistemáticamente por parte del Estado.

La especial incidencia en Sevilla -196 expedientes tramitados- tiene que ver con la vinculación de muchos saharauis con municipios de la provincia, con los que tomaron contacto a través del programa de Vacaciones en Paz. Muchos de los permisos tramitados ahora son de esos niños, que ahora tienen entre 19 y 20 años, pero que a pesar de estar escolarizados incluso, no podían regularizar su situación. Ahora, lo están haciendo gracias a la nueva jurisprudencia. Por detrás, con 63 expedientes, están ciudadanos de Malí.

El área de Cohesión Social de la Diputación ha destinado en el presupuesto de este año 200.000 euros a los programas de apoyo a la población inmigrante y de ayuda a su integración.