Los siete ayuntamientos de Sevilla y los cuatro de Cádiz que integraban la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir tienen desde hoy 60 días para ingresar los 42,6 millones que, en función de lo que debían por cuotas y lo que le corresponde de deuda, hacen falta para liquidar el organismo. Aunque todos, según la presidenta y alcaldesa lebrijana María José Fernández, dependen de que la Junta, el Estado o las diputaciones de Sevilla y Cádiz articulen algún tipo de ayuda financiera, similar al plan de pago a proveedores, que les permita afrontar sus obligaciones. Sin ello, pagar -como se decía ayer desde el Ayuntamiento de Los Palacios, que adeuda cinco nóminas a su plantilla- será "una quimera".

Si el dinero no llega, los jueces tendrán que decidir qué pasa con las sentencias firmes que condenan al ente y de forma subsidiaria o solidaria a los ayuntamientos, que podrían tener problemas para pagar nóminas y servicios y cuyos responsables podrían verse procesados por no acatar lo que dice la Justicia. Cuando el dinero vaya llegando a la llamada "cuenta de liquidación", se destinará de forma prioritaria a cumplir con las sentencias que afectan trabajadores y proveedores y, después, el resto, por orden de antigüedad.

La prelación de pagos y el plazo 60 días están recogidos expresamente en la propuesta de disolución que ayer se aprobó de forma definitiva en el que fue el último pleno del ente, que se celebró con la presencia de trabajadores y proveedores afectados, pero con menos tensión que otras veces. La liquidación definitiva tuvo incluso más apoyos que la inicial. Votaron a favor todos los representantes del PSOE (esta vez no hubo diferencias entre los pueblos de Sevilla y de Cádiz), de IU y el PA. El PP y el grupo mixto, que en mayo de 2013 votaron en contra, se abstuvieron. El PP aclaró después que lo hizo para "intentar desbloquear" la situación de los trabajadores, no porque esté de acuerdo con la gestión y la forma en la que se ha liquidado.

La clave de este avance está en el hecho de que la Junta haya accedido a hacerse cargo del sellado de los dos vertederos de la mancomunidad, situados en Utrera y Lebrija, con un coste de casi 6,4 millones de euros. "El PSOE se cubre los errores y tapa su incompetencia en las distintas administraciones", se lamentaba pese a todo el PP. La Seguridad Social ya se está quedando también con ingresos de los ayuntamientos para cobrarse su parte. Tras ello, los 42,6 millones de deuda que, hasta el 7 de abril, acumulaba la mancomunidad, se repartirán de la siguiente manera: Las Cabezas tendrá que abonar 1.483.343 euros (más de 163.000 por cuotas impagadas y, el resto, de lo que le corresponde porcentualmente por estatutos); Chipiona, 7.191.907 (de los que más de dos millones son por cuotas y servicios que no abonó en su momento); El Coronil tendrá que desembolsar casi 708.000 euros (más de 116.000 son por cuotas ); El Cuervo de Sevilla, 948.195 euros (211.000 de cuotas) y Lebrija, 3.189.574 euros, de los que más de 400.000 son también deudas por servicios prestados.

Los Molares tendrá que aportar 308.247 (sólo una mínima parte, 17.417 euros, de cuotas). En el caso de Los Palacios la cifra supera los cinco millones de euros (1.614.062 son de cuotas sin pagar y por servicios como los vertederos). Rota tiene una cantidad algo mayor, de 5.575.131 euros, de la que más de un millón también es de dinero que le debía a la mancomunidad el Consistorio.

Sanlúcar de Barrameda, el municipio con mayor participación y que, a su vez, debía casi 1,5 millones por cuotas y servicios, tendrá que hacer frente al mayor montante, 11.674.212, más del 27% de toda la deuda de la mancomunidad, en la que tenía el 31% de las participaciones. La deuda que corresponde a Trebujena son 1.215.563 euros, de los más de 266.000 son de cuotas. A Utrera le caen 2.263.130 euros, 736.000 de ellos son también de cuotas.

Durante el Pleno, María José Fernández, que asumió la Presidencia para afrontar la liquidación cuando ningún otro alcalde quiso hacerlo, informó de que la Fiscalía de Dos Hermanas, a la que el PP elevó la gestión que en los dos últimos mandatos lideró el ex alcalde palaciego Antonio Maestre, ya ha solicitado información al respecto, que se le ha trasladado.

La Justicia determinará quién es el responsable 

María José Fernández no ocultaba que sintió alivio tras la aprobación de la liquidación de la mancomunidad, un reto que asumió en 2011. "No es fácil liquidar un ente público, que ha abarcado muchos servicios durante 25 años, en dos provincias". Ahora su preocupación lo es como alcaldesa de Lebrija, que, sin los problemas de otros ayuntamientos, tendrá que afrontar un desembolso de tres millones. "Mi papel ha sido este, no ha sido determinar de quién o quiénes son las responsabilidades políticas o penales de la situación". El PP está convencido de que esas responsabilidades existen. Por eso fue a la Fiscalía, que está investigando. Los últimos responsables del organismo, Antonio Maestre, como presidente, y José Antonio Navarro, como gerente, siguen ocupando puestos destacados en el Huesna y en el Grupo de Desarrollo Rural del Bajo Guadalquivir, respectivamente.