El hecho de que el Ayuntamiento de Aznalcázar aprobara en Pleno dar una moratoria de seis meses para aplicar su ordenanza sobre los usos forestales en los pinares no implica que haya renunciado a la misma ni a aplicar su aspecto más polémico: el cobro de una fianza de 3.000 euros y un canon por vehículo a las hermandades que pasen por su término y sesteen o pernocten en zona protegida. Así lo confirmó ayer la alcaldesa de Aznalcázar, Rosario Escalona (PSOE), quien recordó que el aplazamiento se decidió después de considerar que la medida había entrado en vigor y se había conocido pocos meses antes de la romería, aunque sigue considerando que es legal y que el Consistorio, como otros que aplican medidas similares, está legitimado para regular esos usos. Pasados esos seis meses, entrará en vigor para ese aspecto del Rocío y para otros, como la recogida de leña, setas, plantas aromáticas, espárragos y otros productos, que también aborda.

El delegado del Gobierno de la Junta agradeció ayer esa decisión del gobierno local socialista de renunciar a aplicar la norma este año. En su día, la Junta amenazó con denunciar la ordenanza, que encrespó también a las hermandades. "Estamos trabajando con el Ayuntamiento para encontrarle un encaje jurídico", aseguró Fernández.

Se da la circunstancia de que en el mismo Pleno de la moratoria, el Ayuntamiento denunció también el convenio por el que el Consistorio tiene cedida la gestión de sus pinares públicos a la Junta, para renegociarlo y actualizarlo después de 20 años de renovaciones. Puede que en esas negociaciones se esté buscando el "encaje legal" pendiente.