El PA de Tomares ha denunciado en la Fiscalía al alcalde de esa localidad, José Luis Sanz (PP), por presuntamente contratar al presidente local del PP, Mariano Cuesta Núñez, para poner en marcha el servicio de Protección Civil pese a que dicho trabajo fue realizado por técnicos municipales. El portavoz del PA en Tomares, Alberto Mercado, acusa a Sanz de malversación de fondos públicos y prevaricación e incluye entre los hechos supuestamente delictivos la contratación de Jaime Fernández Truán, concejal del PP en el vecino municipio de San Juan de Aznalfarache, quien en la documentación entregada a los grupos municipales figura como responsable de Protección Civil en Tomares.

Según la documentación que posee el PA, Fernández Truán "ha estado contratado para hacer alguna labor al menos desde 2010 hasta 2014", lo que "supondría un fraude en la contratación administrativa" porque lo fue "al margen del personal de confianza" aprobado en el pleno de presupuestos del Ayuntamiento, donde constan cinco asesores. Recoge la denuncia que, en el pleno que aprobó el Plan de Emergencia Municipal, el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, afirmó que había sido un proyecto "eminentemente técnico que no tiene tinte político" y que atribuyó a técnicos de las áreas de Urbanismo, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y Presidencia.

Según el PA, al consultar la documentación municipal encontró 17 facturas de Cuesta Núñez por la elaboración del plan de emergencia local y planes de autoprotección y de emergencias en los colegios públicos de la localidad. En su denuncia, el PA añade otro delito contra los derechos cívicos porque desde diciembre del 2012 su partido pidió las cuentas municipales y no fue hasta el 11 de enero del 2013 cuando pudo consultarlas y de una manera parcial.

Sanz, que hasta hace unos meses fue secretario general del PP andaluz, "debía conocer la contratación del señor Cuesta Núñez, dado que era el presidente local del PP y responsable de auparle a la Alcaldía", según la denuncia. El propio Sanz, como senador aforado, se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo decida si lo procesa por otra causa denunciada por la Fiscalía y que investiga el juzgado número 8 de Sevilla, referida a la contratación del actual concejal del PP Juan Campos tras no salir elegido en las elecciones municipales del 2007. En esa causa están imputados otros tres concejales del PP: Eloy Carmona, concejal de Presidencia y portavoz del PP en la Diputación de Sevilla; la concejal de Urbanismo Pilar Domínguez y la actual responsable de Cultura Mercedes Fuentes, así como el interventor municipal Alfonso Barrios.

El Consistorio de Tomares asegura que Cuesta estaba cualificado y realizó los trabajos facturados

El Ayuntamiento de Tomares ha rechazado "las nuevas mentiras del PA, que una vez más obedecen al gamberrismo institucional de Alberto Mercado, político sin escrúpulos que lleva dos años presentando denuncias falsas en los tribunales".El Ayuntamiento señala que el portavoz andalucista, Alberto Mercado, "sabe que su denuncia es absolutamente falsa". "Él sabe perfectamente que tiene acceso a la información, como demuestra el hecho de que dispone de la documentación sobre la que habla. No obstante, el único concejal del PA no suele acudir al Ayuntamiento de Tomares con regularidad, porque no quiere trabajar por el municipio, ya que lo único que le interesa es la confrontación, la mentira, la pelea barriobajera y las actuaciones sin escrúpulos a las que nos tiene ya acostumbrados buscando su interés personal única  y exclusivamente".

El Consistorio alega que Mercado "conoce de primera mano la relación que tenía Mariano Cuesta con el Consistorio, el trabajo que realizó y las cantidades que facturó por el trabajo efectivamente realizado". Porque Alberto Mercado, como bien recuerda el Consistorio, era en efecto el primer teniente de alcalde en el mandato 2007/2011, en el que se encuadran las facturas. "Tenía acceso pleno a esa documentación, que por otra parte siempre ha estado a su disposición y la ha manejado con total libertad". "La estrategia que mantiene el único concejal del PA es la estrategia de legitimar la información que presumiblemente, y según fuentes que el gobierno municipal no ha podido contrastar, ha sido sustraída, presuntamente, de manera ilícita por él junto con otras personas del archivo municipal". El Ayuntamiento, de todas formas, asegura que no tiene "problemas" en aportar a la Justicia todo lo que sea necesario, defendiendo que Mariano Cuesta prestó "el servicio de Coordinación de Protección Civil" porque "reunía la formación académica y profesional al respecto, como lo demuestra el hecho de que es teniente coronel del Ejército".

"La relación contractual, en todos los casos, se ajusta a derecho y la facturación fue la adecuada a un servicio que fue efectivamente prestado y cuenta con todos los informes legales preceptivos, por parte de los funcionarios con habilitación nacional, el secretario general del Ayuntamiento y el interventor", alega el Ayuntamiento. En cuanto a Jaime Fernández Truán, señalado por el PA en la denuncia al tratarse de un concejal del PP en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache que figuraba como responsable de Protección Civil en el Plan Municipal de Emergencias aprobado en 2010, expone el Ayuntamiento que "también vecino de Tomares, es en la actualidad el coordinador del servicio de voluntarios de Protección Civil y se trata de un ingeniero técnico altamente cualificado para esta función, que cuenta con varios máster en emergencias, prevención de riesgos laborales y otros títulos conexos con Protección Civil".

"El señor Fernández Truán también es concejal en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache y su relación cotractual con el Ayuntamiento de Tomares es perfectamente legal y el servicio que presta en Protección Civil es de conformidad al título jurídico que lo habilita", aclara el Ayuntamiento, toda vez que la denuncia del PA avisa de que esta contratación se habría formalizado al margen de la relación de cargos de confianza aprobada por el pleno.

"Esta Corporación Local contrata todos los servicios atendiendo a la capacitación profesional y a la adecuada prestación del servicio. Si las personas son del PP, del PSOE o del PA, nunca han existido, existen ni existirán prejuicios ni discriminaciones de ningún tipo ni impedimentos añadidos para la contratación pública que responde a los criterios estrictamente legales". Además, el Consistorio recuerda que Alberto Mercado, como miembro del Gobierno municipal durante el pasado mandato al cogobernar con el PP, "contrató a la anterior portavoz del PA para la realización de un pliego de condiciones para la adjudicación de un gimnasio municipal". "El pliego fue redactado y supervisado por Mercado y se puede decir que, aparentemente, tiene tintes perjudiciales o negativos para los intereses de este Ayuntamiento".

Según un estudio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento citado en el comunicado, se estima que "las condiciones económicas previstas en el pliego propuesto por el PA habrían supuesto una pérdida para las arcas municipales como mínimo de 372.000 euros". "Por esta razón, el Ayuntamiento pondrá en conocimiento de la Fiscalía toda la documentación de ese pliego y a la escandalosa reducción del canos prevista por el PA y las condiciones que pretendía el señor Mercado que eran muy desfavorables para el Ayuntamiento y al parecer muy favorables, supuestamente, para los intereses del señor Mercado".