Después de casi cuatro años de medidas para enderezar las cuentas de los ayuntamientos -en ocasiones, de urgencia, para evitar el impago de nóminas; y en otras forzadas por el Gobierno central- sigue habiendo ayuntamientos que no acaban de cuadrar números. Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, son 21 municipios en Sevilla, una quinta parte del total, los que, teniendo en cuenta sólo sus ingresos y los gastos no financieros -es decir, al margen de lo que le prestan, lo que pagan para devolverlo o la deuda que ya tienen acumulada-, todavía arrojan o un desequilibrio estructural o bien incumplen otros parámetros, que el Ministerio tiene en cuenta para considerar su sostenibilidad financiera.

Ello implica, en cualquier caso, que deben afrontar nuevas medidas de ajuste adicionales a las que ya tienen en marcha con el plazo de año y medio para corregir el desequilibrio. Se trata de Aguadulce, Almensilla, Carrión de los Céspedes, Castilleja del Campo, Gilena, Guadalcanal, Huévar del Aljarafe, El Madroño, Marinaleda, Los Palacios, Pruna y Villanueva del Río y Minas, cuyos gastos estructurales, según los datos del Ministerio siguen siendo todavía superiores a los ingresos con los que cuentan.

En la lista, que el Ministerio ha publicado por primera vez de forma individualizada, también están La Algaba, Almadén de la Plata, Benacazón, Castilleja de Guzmán, Coripe, Gelves, Guillena, Morón de la Frontera y Umbrete, que sí dan saldos positivos en sus ingresos y gastos fijos, pero incumplen otros parámetros, relacionados con su nivel de endeudamiento, por ejemplo.

Si no realizan y ejecutan esos nuevos planes de ajuste, pueden enfrentarse a distintas consecuencias, que les irán restando libertad de acción para gestionar y organizar servicios públicos, tal y como se ha ido fijando en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria -que, a raíz del cambio de la Constitución Española, obliga a todas las administraciones locales a tener un déficit cero-; la Ley Orgánica 9/2013 de Control de la deuda comercial en el sector público; y la más reciente Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En un último extremo, está previsto incluso que el Estado pueda disolver los órganos de gobierno de la corporación y asumir su control con una junta gestora si la situación no se corrige. En mitad hay otras medidas. Aunque, como reconocen profesionales y técnicos de la administración pública consultados por este diario, es un proceso lento -esos ajustes no se puede hacer de día para otro- y en el que se está haciendo camino al andar, porque son leyes nuevas, a las que cuesta adaptarse por varios motivos.

Por un lado, hay algunos casos en los que ciertamente el problema no es algo puntual que pueda corregirse de inmediato. Es una situación heredada, seguramente por una mala gestión económica, insostenible a largo plazo, de muchos años. Tampoco es fácil asumir que hay que renunciar a prestar servicios o romper contratos, aunque los números no salen. También un factor político que está haciendo, en algunos casos, que algunos alcaldes vayan aplazando la toma de decisiones no siempre amables. La Junta, por ejemplo, ha puesto matices con un decreto al reparto de competencias que ha hecho la nueva ley de reforma local, que está además recurrida en el Constitucional, y están las propias medidas de auxilio de administraciones como la Diputación que, en un momento dado, pueden dar la impresión de que la situación se ha normalizado, cuando persiste un desequilibrio.

Por el momento, y tal y como recoge la ley de Estabilidad Presupuestaria, estos 21 municipios sevillanos están obligados a presentar y cumplir un plan económico-financiero, con la finalidad de que entre el año en curso y el siguiente se cumpla ese objetivo de estabilidad. El documento debe contener una descripción y cuantificación de las medidas y el calendario con el que se van a aplicar.

La ley de Control de la deuda comercial del sector público obliga además a los ayuntamientos a que el pago a los proveedores no se demore más de 30 días, para evitar que, como ha ocurrido, ello derive en un problema financiero para las empresas, que se vean obligadas a su vez a despedir a personal o cerrar. Así, el Estado podrá retener a estos ayuntamientos dinero de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) para pagar directamente esas facturas.

No obstante, y en el caso de algunos ayuntamientos sevillanos que el Ministerio ha incluido en esa lista de no cumplidores en 2013 con la ley de estabilidad, está, por ejemplo, Huévar que ya tiene retenidos el cien por cien de esos ingresos por su elevada deuda con la Seguridad Social y Hacienda.

Si en ese plazo de año y medio no se corrige ese equilibrio, la ley prevé también que el Ayuntamiento no pueda ejercer competencias diferentes de las propias (limpieza, alumbrado, basura, policía local, cementerio...) o las delegadas, es decir aquellas para las que otra administración le transfiera el 100% de la financiación para el personal y el material, como sería la Ley de Dependencia ahora. Pero el municipio tendría que renunciar a cualquier otra que no sea su competencia directa.

Además y en tanto que no logre ese equilibrio financiero, no podrá tampoco constituir nuevas sociedades, ni organismos autónomos o realizar ampliaciones de capital en los que ya tenga. Tampoco podrá sumarse ni participar si quiera en nuevos entes, consorcios o mancomunidades que agrupen a varios municipios.

No obstante y pese a esa quinta parte de municipios todavía con la asignatura pendiente de cuadrar sus ingresos y gastos ordinarios, el grueso de los ayuntamiento sevillanos ya lograron cerrar sus cuentas de 2013 con superávit, aunque tengan créditos y deudas pendientes -muy elevados todavía en bastantes casos- con los bancos.